El día “B”

En la víspera del acuerdo de la Corte Suprema de Justicia en donde se tratará el pedido de “per saltum” deducido por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en el marco de la acción de amparo que ambos dedujeron contra el Consejo de la Magistratura de la Nación que dio lugar a la revisión de sus traslados, el expediente en trámite ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo sumó dos nuevos capítulos a la historia.

Dictamen y falta de acuerdo

Es que, a primera hora del día, el fiscal General ante el Tribunal de Apelaciones, Rodrigo Cuesta, dictaminó en contra de la pretensión de los magistrados que fueron trasladados desde tribunales orales a la Cámara Federal porteña, propiciando que se rechace el recurso que interpusieron contra la resolución de la jueza María Alejandra Biotti.

Para Cuesta, el Consejo de la Magistratura, en la resolución impugnada, “se limitó a considerar que el procedimiento de traslado anteriormente iniciado no se había perfeccionado en los términos previstos en el artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional”, por lo que “no dejó sin efecto las recomendaciones de traslado” ni dispuso “la revisión de aquellas, sino que, exclusivamente, se limitó a manifestar que el trámite constitucional que tales medidas exigían no se completó debidamente”.

El dictamen fue terminante al considerar que los traslados de los amaparistas a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, “no fueron dispuestos a un tribunal con idéntica “competencia funcional”, como aquellos alegan.

En cuanto al fondo del asunto, el dictamen fue terminante al considerar que los traslados de los amaparistas a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, “no fueron dispuestos a un tribunal con idéntica “competencia funcional”, como aquellos alegan.

“Por el contrario, se efectuaron a un tribunal con distinta competencia en razón de la materia y el grado respecto de los cargos en los que fueron designados de acuerdo a los procedimientos constitucionales”.

Para Cuesta, en definitiva, el procedimiento de traslado de Bruglia y Bertuzzi “requería de un nuevo acuerdo del Senado de la Nación para considerarse perfeccionado”.

Con ese dictamen la Cámara estaría técnicamente en condiciones de decidir. Sin embargo, los jueces Jorge Alemany y Guillermo Treacy no estuvieron de acuerdo en la resolución del caso y debieron solicitar el sorteo de un tercer camarista para dirimir la cuestión, dado que el otro integrante de la Sala, Pablo Gallegos Fedriani, se había excusado. El sorteo está previsto para las 11:30 hs del día martes, casi en simultáneo con el acuerdo de la Corte.

Idas, vueltas, presiones y defensas

El fin de semana previa a la fecha del pronunciamiento sobre el per saltum estuvo atareada para los supremos, con una sucesión de cruces con el Poder Ejecutivo y una situación de hostigamiento respecto del ministro Lorenzetti.

Por la mañana del viernes, el presidente Alberto Fernández presentó el Programa Acompañar, destnado Promover la autonomía de las mujeres y miembros del colectivo LGBTI+ que se encuentran en riesgo en contextos de violencias por motivos de género, a través de apoyo, y criticó que la Corte Suprema no haya aplicado la Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

 

Este lunes, fue el propio Alberto Fernández quien expresó su solidaridad con el ex presidente de la Corte. “Quiero solidarizarme con el Dr. Lorenzetti, que ayer sufrió el escrache de un grupo de ciudadanos opositores al gobierno que fueron a presionar a un juez cuando debe tomar una decisión”,

"Esta rémora la tenemos en el Poder Judicial lamentablemente, y es importante que entienda el problema del que estamos hablando, porque ellos van a juzgar a los victimarios. Y si no entienden la dimensión de esto y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse, entonces estamos en un problema".

Fernández cargó contra el titular del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, por la demora en la implementación de la norma. "Le pedimos al presidente de la Corte que se ocupe y solo recibimos silencio. Es importante, porque son ellos los que van a terminar juzgando a los victimarios. Entonces estamos en un problema".

Durante la tarde del viernes llegó la contestación, a través de un comunicado que circuló por distintos medios gráficos, la Corte destacó el rol de la Oficina de la Mujer del Máximo Tribunal, actualmente a cargo de la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco, que ha llevado adelante un proceso de sensibilización en Perspectiva de Género y capacitación de Violencia Doméstica, y que cuenta con un "un taller de Perspectiva de Género, de 16 horas cátedra", que "fue validado por Naciones Unidas" y "declarado como buena práctica por la Organización de Estados Americanos".

Desde la Corte Suprema también recordaron que en los fundamentos del proyecto de la Ley Micaela “se resaltó la importancia de este taller elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Días después se conoció un video por el cual una caravana de autos, a los bocinazos, realizó una protesta en la puerta de la casa del ministro Ricardo Lorenzetti, en la ciudad santafecina de Rafaela.

El “escrache” fue repudiado por todo el arco político, que lo calificó de un ataque a la independencia judicial. Así se pronunciaron a través de sus cuentas de Twitter la actual ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el ex titular de la cartera, Germán Garavano, y también lo hizo el ex presidente Mauricio Macri.

La Asociación de Magistrados también salió a cuestionar en simultáneo el accionar contra Lorenzetti y Rosenkrantz. A través de un comunicado donde expresó su rechazo al método de protesta utilizado contra el ministro "que importa un hostigamiento personal impropio", a la vez que reiteró "su inveterada oposición a que el titular del Poder Ejecutivo Nacional o cualquier otro funcionario de un Poder del Estado cuestione a través de manifestaciones públicas la actividad desarrollada por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el ejercicio de su rol, pues sus apreciaciones pueden interpretarse como un intento de indebida injerencia sobre las cuestiones que el Alto Tribunal tiene a su conocimiento para resolver en los próximos días".

Este lunes, fue el propio Alberto Fernández quien expresó su solidaridad con el ex presidente de la Corte. “Quiero solidarizarme con el Dr. Lorenzetti, que ayer sufrió el escrache de un grupo de ciudadanos opositores al gobierno que fueron a presionar a un juez cuando debe tomar una decisión”, expresó, y llamó luego a la “reflexión” porque lo que ocurrió “no tiene que ver con la democracia”

“No es un reclamo popular ni a las instituciones, ese es el mas vil de los escraches, propios del fascismo o del nazismo”, subrayó el Presidente, que en 48 horas pasó de cuestionar al titular del Máximo Tribunal- y a su vice por elevación- a solidarizarse con otro de sus integrantes. Todo ello, antes del esperado pronunciamiento por el caso de los traslados de los camaristas federales.