Uber sigue prohibido

En un nuevo capítulo del extenso conflicto por el servicio de la empresa Uber, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1, a cargo de Victor Trionfetti, aplicó sanciones conminatorias por el incumplimiento de las cautelares dictadas en la causa “Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal y otros c/ Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte y otros s/ otras demandas contra autoridad administrativa”.

En junio último, el GCBA solicitó la habilitación de la feria judicial a fin de denunciar el incumplimiento de la medida cautelar por parte de la empresa y requirió que se decrete una ampliación de la referida medida para que los medios de comunicación “se abstengan de publicitar y/o facilitar la publicación de contenido que promocione las actividades desarrolladas” por la empresa de transporte de pasajeros.

Requirió, entre otras cuestiones, que ”se instrumenten las medidas que considere pertinentes tendientes a evitar la habilitación de puntos de ventas de la empresa, imposibilitando la percepción del cobro de los viajes, ya sea mediante el cobro de tarjetas de débito y crédito nacionales y/o internacionales, ‘resultando necesario bloquear todos los medios de procesamiento de pago electrónico, y/o cualquier actividad que le permita y/o facilite a Uber llevar a cabo sus transacciones‘”.

El Gobierno porteño fundamentó que el “servicio brindado por la Empresa Uber -además de estar prohibido y no dar cumplimiento con la normativa vigente en la Ciudad- carece de las medidas de seguridad que exige las normas legales vigentes en la materia”.

La causa se remonta al año 2016, cuando la firma comenzó a funcionar en el ámbito porteño y se resolvió el dictado de una medida cautelar –confirmada por la Alzada– en la que se ordenó al GCBA que de modo inmediato “arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad (…) hasta tanto se dicte sentencia definitiva o se presente la hipótesis prevista en el art. 182 del CCAyT”. En 2018 se ratificó que la medida cautelar “incluye a los conductores/socios de la empresa Uber, en todo el ámbito de la Ciudad”.

El magistrado advirtió, asimismo, que hasta el día de la fecha el Gobierno de la Ciudad “no ha realizado la más mínima actividad destinada a demostrar en la presente causa que haya procurado hacer cesar la actividad de la empresa Uber en el ámbito de la CABA. Esa pasividad, asombrosa, llamativa e inquietante debo subrayarla”.

Recientemente, el juez desestimó las peticiones relacionadas con la intimación a los medios de comunicación para que se abstengan de emitir pauta publicitaria de Uber y, la dirigida a intimar a los medios o procesadores de pagos para que suspendieran o no permitieran llevar a cabo las transacciones, a fin de evitar la habilitación de puntos de venta.

El magistrado advirtió, asimismo, que hasta el día de la fecha el Gobierno de la Ciudad “no ha realizado la más mínima actividad destinada a demostrar en la presente causa que haya procurado hacer cesar la actividad de la empresa Uber en el ámbito de la CABA. Esa pasividad, asombrosa, llamativa e inquietante debo subrayarla”.

Ante esta situación, el juez resolvió aplicar astreintes al GCBA por 100 mil pesos en forma diaria desde el 5 de septiembre de 2020 y hasta el día de la fecha, por no cumplir con las medidas cautelares dispuestas. “(…) de las constancias de la causa no surge que el GCBA haya acreditado que ha procurado hacer cesar la actividad de la empresa”, explicó el juez.

Por último, el sentenciante advirtió la “gravedad de incumplimientos que se mantienen en la presente causa por parte del GCBA y de agencias vinculadas con el tema, la dimensión estructural del proceso, los antecedentes ocurridos en otras ciudades, y la necesidad de agotar otros canales de abordaje de la cuestión en debate”, por lo que estimó relevante “poner en conocimiento de cada uno de los y las legisladores de la Ciudad” la decisión adoptada.