El Gobierno Nacional creó un programa para controlar y proponer protocolos de empleo de armas de fuego por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad.
El uso de armas de fuego por parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad vuelve a la agenda del Gobierno nacional tras el caso del policía asesinado en barrio porteño de Palermo.
Mediante la resolución 377/2020, se dispuso la creación del “Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego”, bajo la órbita de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad.
Este nuevo programa tendrá como finalidad la “coordinación de las intervenciones” de las distintas áreas de la cartera “tendientes a la disminución de las consecuencias letales y lesivas del empleo de armas de fuego por parte del personal de las fuerzas policiales y seguridad, y la protección de la integridad psicofísica del personal interviniente, a través del fortalecimiento de la formación profesional, la supervisión de la doctrina y el aseguramiento de condiciones adecuadas de salud y equipamiento”.
Con los nuevos parámetros "se instruirá a la PFA, a Gendarmería, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a Prefectura Naval para que en el plazo de 30 días corridos adecuen la normativa, criterios de organización y de recursos humanos, a fin de ajustar sus procedimientos internos a pautas generales de actuación ante hechos de uso de armas de fuego que involucren al personal a su cargo”.
Entre sus objetivos, el programa analizará y propondrá guías y protocolos de intervención para aquellos casos donde se produzca disparo de armas de fuego y que involucre a personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales, “haya o no heridos o fallecidos como consecuencia de dicho suceso”.
“Es necesario realizar modificaciones y actualizaciones que refuercen los componentes vinculados a la prevención y reducción de las muertes y lesiones ocasionadas en el marco de intervenciones armadas por parte de funcionarios estatales y al cuidado del personal, como así también aquellas que den lugar a un análisis sistemático y eficaz de la información que permita identificar aspectos relevantes a la hora de diseñar políticas públicas orientadas al uso racional de la fuerza”, fundamentó la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.
Con los nuevos parámetros "se instruirá a la PFA, a Gendarmería, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a Prefectura Naval para que en el plazo de 30 días corridos adecuen la normativa, criterios de organización y de recursos humanos, a fin de ajustar sus procedimientos internos a pautas generales de actuación ante hechos de uso de armas de fuego que involucren al personal a su cargo”.