En septiembre, comenzó a desarrollarse un ciclo de reuniones entre directores y auxiliares de las Unidades de la Defensa Pública de toda la provincia para intercambiar las experiencias de trabajo que vienen llevándose a cabo en los contextos de encierro, como así también, para detectar problemas y unificar criterios de actuación de las oficinas en los distintos establecimientos penitenciarios y complejos carcelarios. Durante las reuniones, llevadas a cabo hasta ahora se advirtió que las demandas de las personas privadas de su libertad se han visto incrementadas este año con motivo de la pandemia por Covid-19, que también afecta a los contextos de encierro. Ello ha motivado un intercambio de propuestas destinadas a ampliar el acceso a los derechos del colectivo de personas privadas de su libertad y de sus familiares, objetivo que tuvo en cuenta el TSJ cuando creó estas oficinas.