Los datos alojados en dispositivo, plataformas y aplicaciones informáticas se ha transformado en un importante elemento de prueba a la hora de litigar judicialmente. Pero su fuerza probatoria choca contra su volatilidad. Un repaso de cómo estos elementos definieron la suerte de un juicio.
Una relación de trabajo acreditada por una foto subida a las redes sociales, una relación contractual acreditada por el intercambio de mails, conversaciones por whatsapp para comprobar que el valor de una comisión de un corredor inmobiliario era mayor que el abonado o la prueba del trayecto en un accidente in itinere por geolocalización. Todos tienen como denominador común a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como elementos dirimentes de estos litigios.
La valoración de la prueba obtenida en medios digitales es un tema de estudio es de indiscutible actualidad, pero no deja de ser una de los principales ejes del derecho procesal: la forma de probar actos o hechos. La validez de la prueba electrónica, primero, y su fuerza probatoria para acreditar una pretensión después ha tenido un amplio recorrido que va desde su desestimación como elemento convictivo hasta su admisión para decretar una medida cautelar sin detenerse a analizar la autoría e integridad de un documento electrónico, como ocurre con las llamadas “capturas de pantalla”.
otra cara de la moneda de este asunto se observa en la problemática que acarrea que la prueba electrónica es puede alterarse, suprimirse o borrarse con cierta facilidad, y que existen serios riesgos de fallas en la cadena de custodia que impactan directamente en la fuerza probatoria de la misma.
Ahora bien, en el medio de un proceso de transición por el cual medios de prueba analógicos como las declaraciones testimoniales dejan de tener peso debido a que prácticamente cualquier acción queda registrada en algún dispositivo transformándose en evidencia, y que la misma, por sus características propias, tiende a ser más fidedigna, el desafío pasa a ser cómo se incorpora en un expediente judicial todo ese caudal de información que se genera.
Sin embargo, la otra cara de la moneda de este asunto se observa en la problemática que acarrea que la prueba electrónica es puede alterarse, suprimirse o borrarse con cierta facilidad, y que existen serios riesgos de fallas en la cadena de custodia que impactan directamente en la fuerza probatoria de la misma.
En ese contexto, el cambio impacta directamente en la labor cotidiana de los funcionarios judiciales, que deben capacitarse adecuadamente para hacer frente a esta nueva dinámica, tanto en lo que hace al conocimiento sobre cómo funcionan las nuevas tecnologías como también la adaptación al avance de la digitalización de procesos judiciales.
Además de ello, se enfrentan a un novedoso paradigma: el tecnoactivismo judicial de funcionarios que, con un buen manejo de herramientas tecnológicas, pueden avanzar al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, dejando de lado el clásico rol del magistrado imparcial que sólo resolvía la cuestión con la prueba aportada por las partes,
Esta nueva realidad nos pone también frente a nuevos desafíos dado que la masificación del uso de las TIC repercutió en la llegada de nuevos protagonistas, como los motores de búsqueda y las plataformas de comercio electrónico, que también se convirtieron en protagonistas de contiendas legales en sus roles de intermediarios. Todo este cambio se da en un contexto de digitalización de los procesos judiciales y cambios de paradigma en el servicio de administración de justicia.
Es en este marco en el que Diario Judicial lanza el curso "Juicios ganados (y perdidos) por pruebas digitales" brindado por Matias Werner, Abogado (UBA) con posgrado en Cibercrimen y Evidencia Digital (UBA) y Editor de Diario Judicial.com, donde se estudiarán casos paradigmáticos en los cuales las pruebas digitales definieron el curso de un caso.
Los interesados en inscribirse pueden hacerlo en http://www.campusjudicial.com.ar/prueba-digital, la fecha límite es el 31 de octubre