Frente al avance de los proyectos de reforma del Ministerio Público, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales afirmaron que los cambios "implican un retroceso en el diseño institucional".
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina se sumó a las manifestaciones contra los proyectos de ley actualmente en debate en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y que pretenden modificar las leyes orgánicas de los Ministerios Públicos de la Nación.
La entidad, a través de un comunicado, rechazó enfáticamente las posibles modificaciones por “implicar un retroceso en el diseño institucional de los Ministerios Públicos”. A este pronunciamiento de suman las recientes críticas de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) contra las iniciativas.
Se trata de cuatro proyectos que se encuentran en plena discusión por parte de los senadores y que buscan introducir modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (27.148) y a la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (27.149).
Las iniciativas proponen una simplificación en las mayorías parlamentarias –mayoría simple– para la elección y remoción de los cargos de defensor general de la Nación y procurador general de la Nación, como así también la imposición de un plazo a la duración de sus mandatos.
La entidad explicó que un "mandato exiguo" como los propuestos “impidirían llevar adelante un programa de gobierno institucional que involucra el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas orientadas a remover obstáculos en el acceso a la justicia y garantizar el derecho de defensa de todas las personas y, en particular, de aquellas en condiciones de vulnerabilidad”.
En el comunicado, el Consejo Federal consideró que estas modificaciones legislativas “contrarían, en caso de sancionarse, el espíritu de independencia y autonomía que inspiró al legislador constituyente de 1994, lo que significaría un notable retroceso a los logros alcanzados por las leyes orgánicas de los Ministerios Públicos actualmente vigentes”.
“Efectivamente implicaría una clara afectación a los principios de independencia y autonomía de los Ministerios Públicos garantizados en el artículo 120 de la Constitución Nacional. A su vez, ello debilitaría notablemente el funcionamiento institucional y la estabilidad del/la Defensor/a General y Procurador/a General”, advierte el texto firmado por el Coordinador General del Consejo y defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez.
La entidad explicó que un "mandato exiguo" como los propuestos “impidirían llevar adelante un programa de gobierno institucional que involucra el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas orientadas a remover obstáculos en el acceso a la justicia y garantizar el derecho de defensa de todas las personas y, en particular, de aquellas en condiciones de vulnerabilidad”.
También estimaron “insostenible” que se modifique el mecanismo de remoción de las cabezas del Ministerio Público, como así también de los magistrados. “La eliminación del sistema de juicio político y la alteración del Tribunal de Enjuiciamiento –contemplados en forma pacífica desde la sanción de la ley 24.946, luego recogido por las leyes 27.148 y 27.149–, afecta sin más la autonomía e independencia de los Ministerios Públicos al debilitar la estabilidad de su máxima autoridad y de los/as magistrados/as frente a otros poderes del Estado”, concluyeron.