María Marta Cáceres de Bollati, comenzó su carrera como empleada judicial cuatro décadas atrás (1975), y desde entonces se ha convertido en una figura relevante en el Poder Judicial de Córdoba. Actualmente ocupa la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Magistratura provinciales. En diálogo con Diario Judicial, la magistrada brindó su visión sobre la labor del Poder Judicial de su provincia durante el ASPO, los pros y contras de los sistemas digitales y la perspectiva de género a la hora de juzgar, en un reportaje exclusivo.
Dju: La llegada del COVID-19 a nuestro país afectó a todos los ámbitos, y el Poder Judicial no ha sido la excepción. Ante el cierre de tribunales durante varios meses ¿Cree que la digitalización alcanzó en este contexto?
La pandemia del COVID-19 transformó todo: las relaciones humanas, sociales, laborales, y nos impuso desafíos sumamente complejos. La digitalización se impuso, tuvo que acelerarse casi vertiginosamente para poder dar paso a una justicia remota, virtual, que permitiera dar una respuesta/solución en un contexto tan imprevisto. El papel de la digitalización resultó fundamental para ser aplicada a la gestión judicial. ¿Cuál fue nuestra realidad? Nosotros en Córdoba teníamos una digitalización absoluta en el fuero Ejecutivo Fiscal desde el año 2016, y en el 2018 lo extendimos a ejecutivos particulares. Dentro de ese proceso, generamos a partir de agosto/septiembre del 2019, en mi primer año como Presidenta del TSJ, el expediente digital en todos los fueros en toda la provincia. Esto fue fundamental porque cuando en marzo debimos enfrentarnos a esta pandemia, nos encontró con muchas herramientas y con una gran predisposición. Córdoba nunca estuvo de feria, no impuso un sistema de feria, sino un receso extraordinario por cuestiones sanitarias, con el objetivo de no cumplir con una mera actividad de feria, sino de dar una respuesta, y a medida que el gobierno Nacional decretaba medidas en torno al ASPO, ya nosotros fuimos ampliando. Desde el primer día se generó una Mesa Virtual, y con el expediente y la posibilidad de presentaciones remotas esto fue intensificándose. También comenzamos con audiencias en materia penal que se extendió a otros fueros. Córdoba también realizó el primer Juicio por Jurados de toda Latinoamerica, hemos acudido en varios momentos a sistemas mixtos (una parte presencial y otra virtual). Los colegios de abogados también trabajaron con una gran predisposición, poniendo a disposición de los letrados toda la tecnología disponible. También se intensificó el teletrabajo y se extendió a todo el personal. Todas estas medidas y herramientas nos permitieron cuidar la salud de nuestro personal y de los usuarios. Con el paso de los meses nos adaptamos a las reaperturas, y en la actualidad los índices de actividad superan los del año anterior. Siempre quedarán materias pendientes y cosas por hacer, pero estamos trabajando en un sistema muy cercano a la normalidad.
Creo que la pandemia tuvo una gran virtud y es que revirtió las pocas resistencias que quedaban a la digitalización. Hoy en día nadie defiende la presencialidad, las presentaciones en papel. Nosotros hemos impuesto y dejado atrás un dogma que “lo que nace en papel, muere en papel”
Recientemente el TSJ de Córdoba añadió una regla específica sobre el uso de las redes sociales en el Código de Ética para Magistrados y funcionarios. ¿Qué beneficios y dificultades encuentran los funcionarios judiciales a la hora de utilizarlas?
Esto surgió el año pasado, cuando propiciamos una consulta al Tribunal de Ética a raíz de algunas inquietudes de magistrados, sumadas algunas presentaciones que tuvimos sobre el tema. Dicha consulta produjo esta resolución del Tribunal, que nos la hicieron llegar en agosto de este año, con una elaboración destacable, un trabajo muy profundo, citas de todos los antecedentes legales, de derecho comparado de lo que se ha hecho en el mundo en esta materia. Los vocales analizamos lo que nos estaban sugiriendo, y terminamos elaborando el acuerdo. Si bien deberíamos todos quienes estamos en la Justicia que hay una parte del acuerdo que es básica aunque suene elemental: todo aquello que consideramos que podemos decir y hacer en la presencialidad, ese mismo análisis es el que tenemos que hacer cuando utilizamos las redes sociales. Lo que aclara la resolución es que la misma conciencia y razonabilidad que tenemos en la vida cotidiana y presencial la debemos mantener en las redes. El uso de las redes sociales debe respetar las mismas pautas de decoro, prudencia, que el Código de Ética nos sugiere para el uso cotidiano a los judiciales. Este año resultó oportuno por el “boom” de las redes sociales y la digitalización a raíz de los aislamientos. Yo personalmente no tengo redes sociales. Ninguno de quienes estamos en el TSJ tenemos redes sociales por una cuestión de prudencia y de precaución, que no nos impide manejarnos en la digitalización en todos los otros aspectos.
Tanto a los jueces como al ámbito judicial, ¿les falta aggiornarse a la digitalización?
He sido siempre una defensora a ultranza de la digitalización, a pesar de mis años y de la generación a la que pertenezco. Cuando asumí la Presidencia como relaté una de las metas principales fue acelerar los tiempos del expediente digital en todos los fueros. La tecnología permite cumplir muchos objetivos y va a contribuir a una Justicia más rápida, más eficiente y también más transparente. Por supuesto siempre habrá quienes se opongan. Creo que la pandemia tuvo una gran virtud y es que revirtió las pocas resistencias que quedaban a la digitalización. Hoy en día nadie defiende la presencialidad, las presentaciones en papel. Nosotros hemos impuesto y dejado atrás un dogma que “lo que nace en papel, muere en papel”. Hemos transformado los expedientes papel en mixtos a partir del 1 de octubre. Me parece fantástico el modo en que se trabaja. Por supuesto que todos hemos tenido que aggiornarnos y hacer un gran esfuerzo porque fue un salto muy rápido que se venía haciendo en forma gradual, y aceleramos en todos los ámbitos. No solo en el Poder Judicial, sino en la vida diaria debimos adaptarnos a la digitalización.
"Continuamos trabajando en lo que es juzgar con perspectiva de género. Advierto que ha habido un salto muy grande en los últimos años, a pesar de por supuesto que aún quedan resabios machistas en la Justicia, que son culturales, que son los que tenemos que descartar y los que llevan más tiempo"
Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba y presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), afirmó el año pasado que la Justicia "discrimina a las mujeres”. Siendo una de las pocas mujeres presidenta de un TSJ, ¿comparte esta visión?
Negar esto sería negar la realidad. Hay una minoría de mujeres que han accedido a los más altos cargos en la Justicia. De todos modos es un camino que estamos desandando rápidamente. Yo presido el Consejo de la Magistratura en Córdoba, y es llamativa la cantidad de mujeres que acceden a los cargos de jueza, camarista, hay concursos donde prácticamente incluso el orden de mérito está mayoritariamente integrada por mujeres, con lo cual ha habido y seguirá habiendo un avance cada vez más notorio. Siempre queda camino por delante, aún se está haciendo, pero trato de mirar lo positivo y ser optimista en que se va a lograr. Creo que ha habido un avance muy destacado en este sentido.
Recientemente el TSJ anuló el fallo de la Cámara 12ª del Crimen que condenaba a prisión perpetua a Anita Quirina López por haber asesinado a su marido. La absolvieron considerando que actuó en legítima defensa y que no se contempló la violencia que ella sufrió del victimario. ¿La justicia aún tiene un “debe” en materia de condenas por violencia de género? ¿Qué elementos o perspectivas de género faltan en el ámbito judicial?
Tenemos una historia intensísima a través de la aplicación de la Ley Micaela, capacitaciones a través de la Oficina de la Mujer y áreas específicas al respecto, y continuamos trabajando en lo que es juzgar con perspectiva de género. Advierto que ha habido un salto muy grande en los últimos años, a pesar de por supuesto que aún quedan resabios machistas en la Justicia, que son culturales, que son los que tenemos que descartar y los que llevan más tiempo. Todo lo que son elaboraciones culturales conlleva mucho trabajo. En lo que respecta a la Justicia de Córdoba, hay realmente una actividad en ese sentido para destacar en todos los fueros. A veces se confunde que “juzgar con perspectiva de género” solo involucra al fuero penal, y yo veo fallos en todos los fueros (civil, familia, laboral) bajo esta mirada, que entiendo es la correcta. La ley es la ley, pero considero que esta perspectiva diferente a la hora de juzgar hoy en Córdoba es una realidad y ha sido fruto, reitero, de capacitaciones constantes, y que debemos hacer también todos los miembros del TSJ, porque es obligatoria para todo el Poder Judicial. Lo fundamental no solo es capacitarse sino internalizar esos conceptos. Soy optimista y veo una respuesta absolutamente encaminada hacia la perspectiva de género por parte de toda la justicia de Córdoba.