Una entidad bancaria de Río Negro fue multada por no dar de baja un débito automático solicitado por un cliente que había solicitado un préstamo.
El Juzgado de Paz de Cipolletti, provincia de Río Negro, multó con $5.000 al banco Macro por no dar de baja un débito automático solicitado por el demandante, que había solicitado un préstamo a otra entidad financiera aunque las cuotas se debitaban de su cuenta sueldo en la entidad.
El cliente detalló que los primeros meses le debitaron el monto correctamente pero luego los descuentos comenzaron a realizarse de manera parcial e irregular, motivo por el cuál se presentó en la sucursal del Banco Macro de Cipolletti y solicitó hacer uso de la opción conocida como “stop debit”. Con posterioridad a ese pedido, el cliente continuó advirtiendo descuentos en su cuenta sueldo, lo que motivó la acción judicial.
El hecho fue enmarcado como un proceso de menor cuantía, modalidad que permite a los ciudadanos resolver reclamos de hasta $50.000 de una manera más rápida, sencilla y en cualquier ciudad, pueblo o paraje que cuente con un Juzgado de Paz.
El fallo aplicó la multa en concepto de daño punitivo, ya que “los consumidores tienen derecho a una atención rápida y eficaz que conduzca a la información solicitada respecto de los débitos efectuados en su caja de ahorros, y en su caso, a la posibilidad de pedir el cese de los descuentos y la devolución de las sumas descontadas; solución que no le fue brindada pese a solicitar personalmente en la sucursal bancaria la baja de los débitos mencionados”.
En ese sentido, se detalló que el cliente tiene derecho a que se le provea información “adecuada y veraz” y que “el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con el bien o servicio de que se trate”, situación que no ocurrió.
El hecho fue enmarcado como un proceso de menor cuantía, modalidad que permite a los ciudadanos resolver reclamos de hasta $50.000 de una manera más rápida, sencilla y en cualquier ciudad, pueblo o paraje que cuente con un Juzgado de Paz.
El procedimiento es gratuito para garantizar el acceso a la justicia. Además, es informal y respeta los principios de bilateralidad, igualdad y colaboración.