Organizaciones civiles denunciaron violaciones al cupo femenino en la conformación de ternas para cubrir vacantes en el Poder Judicial. Cuestionan cinco ternas enviadas al Ejecutivo conformadas exclusivamente por varones.
Según datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el sistema de justicia está conformado por un 56% de mujeres, pero la participación disminuye en puestos de mayor jerarquía. En el total de las jurisdicciones Federales y Nacionales la proporción de mujeres camaristas alcanzaba en 2019 un 25%; mientras que el porcentaje de magistradas era de 31%.
Estos datos muestran los diversos obstáculos que atraviesan las mujeres a la hora de concursar y acceder a cargos de altos puestos. En este sentido, un grupo de organizaciones de la sociedad civil observaron cinco concursos finalizados en diciembre pasado, en los que se conformaron ternas exclusivamente masculinas.
Se trata de las ternas para los concursos 366, 412, 413, 415 y 418, aprobadas en el último plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación. Las organizaciones señalaron que los listados de candidatos fueron conformados “exclusivamente por varones en violación al Reglamento del propio Consejo” que establece que debe haber al menos una mujer.
En dichos procesos de selección, las mujeres postulantes alcanzaron la instancia de entrevista personal y en varios de estos casos incluso forman parte de las listas complementarias, pero no fueron incluidas en las ternas enviadas al Ejecutivo.
De este modo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Fundación Mujeres en Igualdad, Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Poder Ciudadano y Red Mujeres para la Justicia alertaron sobre esta situación mediante notas enviadas al Consejo de la Magistratura, al Poder Ejecutivo y a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
“Esta brecha en el acceso igualitario a la función pública en cargos de jerarquía, implica no sólo un incumplimiento de obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos, sino también un perjuicio al funcionamiento y legitimidad del Poder Judicial, quien es el encargado en última instancia de dirimir los conflictos sobre derechos del conjunto de la sociedad, para lo cual debería reflejar la diversidad que habita en ella”, sostuvieron.
En concreto, las entidades destacaron la situación del concurso 366, para cubrir seis cargos de vocal en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, del cual se desprende que en tres de las seis ternas propuestas no hay mujeres, lo cual, según explicaron las entidades, se agrava teniendo en cuenta que en ninguna de las dos salas actuales hay mujeres.
Las organizaciones firmantes solicitaron que se revisen estas prácticas y que arbitren los medios necesarios para “evitar que sean aprobados los pliegos procedentes -y otros- concursos que hayan violado las obligaciones del Estado en materia de acceso igualitario de las mujeres a los cargos judiciales”.
Mientras que en el concurso 412, destinado a cubrir un cargo de vocal en la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, se propone una terna de tres varones, a pesar de que en esta Cámara ya hay cuatro camaristas varones sobre seis cargos posibles, por lo que pasarían a ser cinco de seis.
A su vez, el concurso 413, destinado a cubrir dos cargos de vocal en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, tiene una terna donde se propone a una mujer y en la otra a ninguna, a pesar de que actualmente en ninguna de las salas hay mujeres. En una situación similar se encuentra el concurso 418, para cubrir tres cargos de vocal en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, ya que en dos de las ternas propuestas no hay ninguna mujer, a pesar de que en esta Cámara actualmente sólo hay una mujer.
“El escenario muestra entonces un marco de posibilidad realmente reducido para la elección de las postulantes mujeres en condiciones de igualdad con sus pares varones”, añadieron.
Las organizaciones firmantes solicitaron que se revisen estas prácticas y que arbitren los medios necesarios para “evitar que sean aprobados los pliegos procedentes -y otros- concursos que hayan violado las obligaciones del Estado en materia de acceso igualitario de las mujeres a los cargos judiciales”.