La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial manifestó su preocupación y rechazó los proyectos que proponen la intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Formosa, a raíz de las denuncias por su gestión de la cuarentena.
En las últimas semanas se reavivó la polémica por las medidas adoptadas por el gobernador Gildo Insfrán para combatir la pandemia del COVID-19. Se trata de denuncias por hacinamiento y el uso desmedido de cuarentenas obligatorias en los centros de aislamiento provinciales, que se suman a los reclamos de miles de varados desde el inicio de la emergencia sanitaria.
Ante esta situación, un grupo de senadores y diputados presentó un proyecto de ley para intervenir la provincia de Formosa. La iniciativa solicita intervenir por 180 días -prorrogable por un período igual- los poderes Ejecutivo y Judicial, con el fin de "garantizar la forma Republicana de Gobierno".
En este contexto, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) compartió la preocupación y el rechazo expresados por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Formosa al proyecto de promover la intervención federal del Poder Judicial de esa provincia.
"Rechazamos enfáticamente toda injerencia a un Poder del Estado que menoscabe el sistema republicano vigente socavando uno de los pilares que lo componen, lo que no hace otra cosa que generar inseguridad y desconfianza en la sociedad y que provoca la desestabilización del sistema jurídico vigente que todos debemos defender en pos de la paz social", sostuvo la comisión directiva de la entidad que nuclea a magistrados formoseños.
“Con ese mismo criterio hacemos un llamado a trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad para contar con respuestas estatales adecuadas a las demandas de esta situación extremadamente grave, signada por la pandemia de COVID -19”, afirmó la FAM mediante un comunicado.
En la Asamblea Extraordinaria de la FAM, realizada en la ciudad de Corrientes los días 20 y 21 de febrero de 2020, los representantes afirmaron: “Los sistemas republicanos y democráticos se perfeccionan con la estabilidad institucional y se debilitan con las excepciones y las interrupciones”.
El comunicado del Colegio de Magistrados formoseño, firmado por su titular Maria Laura Viviana Taboada, su vice Laura Romero, el secretario Horacio Roglan y cinco vocales, reafirmó que la garantía de independencia judicial "se proyecta a la totalidad de los operadores del Sistema de Justicia mediante los resortes previstos por la legislación vigente, a fin de posibilitar -si alguna de las partes del proceso lo estima pertinente-la revisión de los pronunciamientos jurisdiccionales que se dicten en cada caso sometidos a la decisión de Magistrados/as y Funcionarios/as"
“Con ese mismo criterio hacemos un llamado a trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad para contar con respuestas estatales adecuadas a las demandas de esta situación extremadamente grave, signada por la pandemia de COVID -19”, afirmó la FAM mediante un comunicado.
La última intervención federal fue durante el mandato del entonces presidente Néstor Kirchner en la provincia de Santiago del Estero, argumentando "grave deterioro institucional”. El interventor designado por el Poder Ejecutivo fue Pablo Lanusse y se dispuso la intervención por 180 días -prorrogables- y la caducidad de los mandatos del Ejecutivo y de los miembros del Legislativo. También se declaró “en comisión a los miembros del Poder Judicial”.