El Gobierno Nacional derogó el DNU 70/2017 que introdujo modificaciones a la Ley de Migraciones alegando que son "irreconciliables" con la Constitución Nacional y el sistema internacional de protección de los derechos humanos.
A tres años de su entrada en vigencia, el Gobierno Nacional derogó el decreto que introdujo modificaciones a la Ley de Migraciones en lo relativo al ingreso y permanencia de migrantes en el país que cuenten con antecedentes penales.
“Se observan diversos aspectos de fondo en dicho decreto que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”, advierte el decreto 138/2021, con la firma del presidente Alberto Fernández y todos los ministros del Gabinete Nacional.
El DNU 70/17, impulsado por el entonces presidente Mauricio Macri, modificó aspectos sustanciales del régimen de política migratoria. El decreto buscaba evitar el ingreso de extranjeros que hayan delinquido y facilitar los mecanismos de expulsión de aquellos que cuenten con antecedentes penales.
Según datos de la Comisión del Migrante, se incrementaron las demandas judiciales y recursos por expulsiones tras la puesta en marcha del decreto. A esto se suman los diversos litigios para que se declare su inconstitucionalidad, entre los cuales se destaca el amparo colectivo caratulado “Centro de Estudios Legales y Sociales y Otros c/ EN-DNM s/ Amparo Ley 16.986”.
Asimismo, el Gobierno Nacional dispuso la creación de la Comisión Asesora de Política Migratoria, la que tendrá a su cargo “proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización” de la ley de migraciones.
Esta causa logró favorable acogida por parte de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, y actualmente se encuentra ante la Corte Suprema por el Recurso Extraordinario de la Dirección Nacional de Migraciones. El tribunal consideró que el texto contiene “caracteres regresivos en relación con la legislación previa, incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico”.
En esta misma línea, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura expresaron su “profunda preocupación” e instaron a nuestro país a derogar los cambios.
De este modo, el Ejecutivo Nacional consideró que el decreto se halla en “violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.
Asimismo, el Gobierno Nacional dispuso la creación de la Comisión Asesora de Política Migratoria, la que tendrá a su cargo “proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización” de la ley de migraciones.