Decomiso reparador

En una causa por trata de personas con fines de explotación sexual, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta dispuso que el dinero secuestrado no vaya a las arcas del Estado, sino que se utilice para reparar a las víctimas.

El tribunal, integrado por Abel Fleming, Domingo José Batule y Gabriela Catalano, decidió no decomisar a favor del Estado el dinero secuestrado y, en consecuencia, destinarlo como indemnización a las nueve víctimas. El mismo destino tendrá la donación que había acordado realizar uno de los acusados.

Las actuaciones tuvieron origen con una denuncia formulada, a través de la línea 145, por una mujer, quien alertó que en un grupo de Facebook se realizó una publicación que decía: “Busco chica de 18 a 25 años para trabajar 8 horas diarias, días y horarios a convenir”. Una amiga de la denunciante mantuvo una conversación con este perfil desde donde le informaron que el trabajo era de “scort” en un spa masculino donde debían hacer “masajes y algo más”

La investigación terminó con varios allanamientos y el rescate de las víctimas, quienes fueron reclutadas, captadas y sometidas a explotación sexual. En este sentido, los camaristas recordaron que la “razón principal e histórica del decomiso, fue y es evitar la reutilización de los elementos decomisados en el mismo delito” y también que “no beneficie a los autores del delito el provecho del mismo, sino que acuda en auxilio del Estado para sostener parcialmente o coadyuvar parcialmente con las erogaciones que demanda la prevención y represión de los delitos”.

Y concluyeron: “No se decomisa el dinero porque se entiende que el decomiso, lejos de cumplir con los propósitos en los que se funda, lo que haría sería agravar las consecuencias del ilícito respecto de las personas damnificadas”.

“Entendemos que en este caso, ninguna de estas dos razones puede primar por sobre la necesidad de reparación de las víctimas, porque ese dinero ha sido generado con afectación de su propia dignidad. Mediante la utilización de sus cuerpos, por lo que resultaría inmoral y antiético que el Estado beneficie para sí y para sus actividades con aquello que ha sido el fruto de lo victimizante dentro del delito”, añadieron.

Y concluyeron: “No se decomisa el dinero porque se entiende que el decomiso, lejos de cumplir con los propósitos en los que se funda, lo que haría sería agravar las consecuencias del ilícito respecto de las personas damnificadas”.