Confirman la prorroga de medidas restrictivas para un imputado por violencia de género y familiar que incumplió en varias ocasiones con las perimetrales dispuestas. La Cámara Civil y Comercial de Morón le impuso dispositivos de geoposicionamiento al demandado.
En autos "C. M. L. C/ L. S. O. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY 12569)", la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Morón resolvió rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
A raíz de una serie de hechos de violencia de género y familiar protagonizados por el imputado L. derivaron en un dictado en primera instancia de medidas de protección hacia su ex cónyuge (C.) y sus hijos. La sentencia de grado añadió como última medida la inclusión en el Programa de Monitoreo mediante el dispositivo dual de L. y de C., agregando una custodia en el domicilio por el mismo plazo, dando intervención a la Justicia Penal a efectos de que investigue la posible comisión de un ilícito.
El imputado apeló esa decisión argumentando que no se probaron las causas para determinar semejantes medidas, que no se corroboró la veracidad de los hechos, su personalidad o su conducta y que la "pulsera" como dispositivo dual es un exceso porque no se acerca al domicilio ni lugar de trabajo de C., considerando que ello es una estigmatización que no puede continuar.
“Este tipo de dispositivos tecnológicos nos permite, así, corroborar el acatamiento, o no, de las medidas, constituyéndose en elemento fundamental -y muy objetivo- en tal sentido"
Elevada la causa los jueces Roberto C. Jorda y José L. Gallo rechazaron el recurso de apelación interpuesto y confirmaron lo decidido en primera instancia. Los magistrados tuvieron en cuenta que desde el dictado de las medidas de protección, el imputado incumplió en dos ocasiones la perimetral dispuesta.
“Se trata de un dato claro y objetivo, emanado del organismo público competente y que está dando cuenta del incumplimiento a las medidas que se decretaron en el expediente (basta remitirse a la visualización del extenso listado de veces que el denunciado se encontraba en la zona de advertencia o restringida, distando de tratarse de un episodio asilado)” sostuvieron los jueces.
Asimismo, defendieron los métodos tecnológicos de geoposicionamiento interpuestos para el demandado: “este tipo de dispositivos tecnológicos nos permite, así, corroborar el acatamiento, o no, de las medidas, constituyéndose en elemento fundamental -y muy objetivo- en tal sentido (Vaninetti, Hugo, El empleo de tecnologías de geoposicionamiento en medidas restrictivas para casos de violencia, LL 2018-E, 1236); esto sin perjuicio de las aclaraciones, o indagaciones, que posteriormente pudieran efectuarse en el curso de los procesos judiciales a fin de determinar en cada caso qué es lo que sucedió”.
“Entonces, en base a la información recolectada en autos, ya sea por las partes, por el profesional interviniente o desde la Municipalidad de Hurlingham, consideramos que nos encontramos con indicios graves y precisos que aún no están dadas las condiciones para el levantamiento de las medidas en el marco de la prevención de riesgos que involucra la ley de violencia familiar (art.8 ter ley 12569 -mod- ley 14.509-), rechazando así el agravio del recurrente al respecto” concluyeron los jueces.