La Corte Suprema realizó la audiencia pública para discutir el caso de Natalia Denegri y el Derecho al Olvido. En la jornada de hoy disertaron de los defensores del Pueblo de la provincia y la ciudad de Buenos Aires y organizaciones como ADC, Adepa, el CELS y Usina de Justicia que defendieron el valor de la "libertad de expresión".
La Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó hoy a debatir en audiencia pública la causa del derecho al olvido en el caso "Denegri, Natalia Ruth c/ Google Inc. s/ Derechos personalísimo: acciones relacionadas". La modelo pretende que Google elimine del buscador el contenido que la relaciona con eventos mediáticos en torno a una causa penal en los años 90, conocido como el Caso Coppola.
El encuentro comenzó a 10 horas, en la sala de audiencias ubicada en el cuarto piso del Palacio de Justicia y fue el turno de los "Amicus Curiae" (amigos del tribunal), aquellos individuos o instituciones expertos en el tema del juicio, que brindan sus aportes como especialistas, pero sin vincular al tribunal. La primera en hablar fue la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, quien reclamó que "se garantice el derecho a la rectificación" y "cuando corresponda, la supresión" del contenido no consentido.
Hay que tener en cuenta que la información que se pretende desindexar es verdadera y fue pública. No se obtuvo en forma oculta ni clandestina.
En el mismo sentido se expresó el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien pidió que se pongan "límites al totalitarismo digital", ya que mientras "Natalia soporta el descrédito, Google se lleva las ganancias". En su disertación hizo un paralelismo entre Denegri y Cristina Kirchner e introdujo el concepto de "violencia de género digital".
Por otro lado, para que se rechace la pretensión de Natalia Denegri de que se le aplique el Derecho al Olvido en relación a sus intervenciones televisivas relacionadas con el Caso Coppola, se pronunciaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Usina de Justicia
Diego Morán, del CELS, dijo que la libertad de expresión es "piedra angular" y, por lo tanto, las restricciones a la misma "deben ser excepcionales". En ese marco, agregaron que "el ‘derecho al olvido digital’ no garantiza que cada uno construya un pasado a su medida, ni tampoco justifica que quienes se exponen a sí mismos públicamente puedan exigir que se construya un currículo a su gusto”.
Con esa postura coincidió Diana Cohen Agrest, de la Asociación Civil Usina de Justicia, quien pidió que se revoque la sentencia que favoreció a Denegri porque "el derecho a la privacidad no debe obstruir el acceso a la información" en casos de interés público.
Hernán Gullco, de la Asociación por los Derechos Civiles también mostró su desacuerdo con la aplicación en este caso del “derecho al olvido”, dado que al momento de los hechos, Natalia Denegri era una personalidad pública que, con conocimiento de lo que hacía y siendo mayor de 18 años, se sometió a la exposición mediática. Además ADC señala que las apariciones de la ex modelo en el marco del caso Cóppola son parte de un material de archivo que tiene un valor histórico en sí mismo, porque se constituye como testimonio de la sociedad.
Hay que tener en cuenta que la información que se pretende desindexar es verdadera y fue pública. No se obtuvo en forma oculta ni clandestina.
Pedro Caminos, junto a Lorena González Tocci, en representación de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales sostuvieron que el caso proporciona el escenario para hablar del "elefante en la habitación" en lo que refiere al control judicial de la constitucionalidad. "Uno de los problemas de la aplicación del derecho al olvido surge de los estandares constitucionales vigentes en nuestro sistema vinculados con el derecho al honor, la libertad de expresión y el derecho a la información" y "el punto decisivo es establecer la existencia de un asunto de interés público general y luego ver si existe o no una reducción de la custodia del honor respecto de la persona involucrada".
"El riesgo radica en crear una herramienta que habilite a las personas públicas o mediáticas construir un pasado a su medida, pero el derecho al olvido no puede ser admitido para aquellos que deciden exponerse públicamente como una herramienta hábil para exigir que se construya un pasado digital a su gusto invocando afectaciones a su honor por los ecos de sus pasados mediáticos y elegidos", agregaron.
Carlos Laplacet, de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (Adepa), destacó el "derecho a la memoria" y pidió que no se limite el acceso a datos de "interés público" por considera que el daño sería mayor.
Participaron de esta primera jornada la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA); la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil de Estudios Constitucionales (ACEC), la Asociación Civil Usina de Justicia y la Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños; el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino; los abogados Andrés Gil Domínguez, Francisco Javier Seminara, Horacio Granero, Raúl Martínez Fazzalari, Ricardo Alberto Muñoz (h) y Gastón Andrés Navarro
La audiencia se extendió por algo más de una hora y media, en estrictos turnos de 8 minutos cada uno, y al final de la audiencia los ministros dispusieron un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10, cuando será el turno del Procurador Fiscal de la Nación, Víctor Abramovich, y de las partes.