El plenario del Consejo de la Magistratura analizó los alcances y la constitucionalidad de la normativa que habilitó al Tribunal Superior de Justicia porteño a revisar las sentencias de la Justicia Nacional. La postura del estamento de los magistrados y los cruces entre los consejeros.
El traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió a la agenda. Los representantes del estamento de los magistrados Juan Manuel Culotta, Alberto Lugones y Ricardo Recondo llevaron el tema a la mesa oval del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Los jueces expresaron al pleno su preocupación por la normativa que habilitó al Tribunal Superior de Justicia porteño a revisar las sentencias de la Justicia Nacional, como tribunal de alzada, y pidieron a sus pares que se expidan al respecto. Opinaron, en este sentido, que esta reforma crea una situación de “gravedad institucional” y que afecta “el orden y el diseño constitucional”.
Cabe recordar que la Legislatura porteña sancionó esta ley en octubre último, luego de que el Tribunal de la Ciudad se arrogara por jurisprudencia la competencia para conocer de los recursos de inconstitucionalidad y de las quejas contra las resoluciones de la justicia nacional ordinaria.
Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura, advirtió la normativa y la decisión del Tribunal porteño tampoco “respeta el orden jerárquico de la Constitución Nacional” y que sólo el Congreso "puede legislar" sobre estas cuestiones.
Lugones alertó que en un futuro cercano las decisiones de los jueces nacionales o los concursos para cubrir las vacantes pueden pasar a ser evaluados por el Consejo de la Magistratura porteño. También sostuvo que se trata de un "avasallamiento" y genera una "vulneración para los reclamos" de los ciudadanos. “La Ciudad de Buenos Aires nunca va a ser provincia”, remató.
Diego Marías, consejero por la matrícula, rechazó más enfáticamente expedirse sobre el tema: “Les preocupa a los tres consejeros jueces y no al Consejo como órgano”.
No obstante, el diputado Pablo (PRO) consideró que el cuerpo “no tiene competencia pronunciarse sobre la legislación y menos para declarar la inconstitucionalidad”. Esta postura fue apoyada por el consejero-abogado Caros Matterson: “No tenemos que expedirnos”.
A su vez, Diego Marías, consejero por la matrícula, rechazó más enfáticamente expedirse sobre el tema: “Les preocupa a los tres consejeros jueces y no al Consejo como órgano”. “El traspaso va a pasar”, dijo y advirtió que el TSJ porteño ya se encuentra entendieron en más de 40 causas porque “los propios litigantes recurren a la Ciudad”.
Marías también afirmó que el traspaso está ocurriendo en todas las áreas, en relación a la policía y el transporte “La Ciudad tiene facultades legislativas y jurisdiccionales”, opinó y detalló que en los próximos meses la Corte Suprema se pronunciará en el caso “Levinas” y terminará de “alumbrar un camino que no tiene retorno”. Y añadió: “Este conservadurismo no se entiende en buena parte del Poder Judicial. Esto no se detiene”.
En tanto, la consejera y diputada Vanesa Siley (FdT) tampoco se mostró en contra del traspaso, pero afirmó que la ley aprobada por la Legislatura es “claramente inconstitucional”.