El secretario de Asuntos Estratégicos y titular del CES mencionó un posible proyecto de regulación de las redes sociales. Tanto desde sectores del oficialismo como de la oposición salieron a rechazar tajantemente la idea. En una frase poco feliz las había acusado de "intoxicar nuestra democracia".
Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos, en el marco de la convocatoria del Consejo Económico y Social en el CCK, dijo: “Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”, e hizo mención a un supuesto proyecto en el que se trabajaba para su "buen uso".
Inmediatamente saltaron las alarmas desde todos los sectores. Desde la oposición, obviamente, donde varios referentes se quejaban de la" vocación regulatoria" que tiene el oficialismo en todos los temas y recordaban el NOdio de Miriam Lewin y el ciberpatrullaje de épocas de la ex ministra Frederic. Pero también desde el propio Frente de Todos donde Cecilia Moreau, vicejefa del bloque de Diputados, se mostró muy crítica: "Me dio vergüenza escuchar a Béliz ayer hablar de Internet y las redes sociales. La desconexion de la realidad es fuerte" dijo.
ADEPA y FOPEA también expresaron su preocupación por la iniciativa. Ambas entidades emitieron comunicados en los que expusieron el potencial riesgo que corre la libertad de expresión.
La oración poco feliz sobre las redes sociales a las que acusó de "intoxicar el espíritu de nuestra democracia” fue sólo una pequeña parte del discurso sobre distintos temas. Pero bastó para que se generaran varios hashtags en Twitter #BelizFacho, #BélizToxico y #BelizControlameEsta que mostraban el enojo de los cibernautas que se sintieron directamente amenazados.
Los dichos del presidente del Consejo Económico y Social daban a entender que el Gobierno estaba pensando en una posible regulación de los contenidos digitales, un tema extremadamente sensible por cuestiones tanto políticas como de libertad de expresión y protección de datos personales. Una cosa es regular empresas de medios de comunicación y otra, muy distinta, es intentar hacerlo con particulares que expresan sus ideas.
Desde el entorno del funcionario salieron a aclarar que el anuncio se trataba simplemente de “Redes para el bien común" un programa del Consejo Económico y Social que tiene que ver con la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, en junio del año 2021. La iniciativa, que fue impulsada por Francia y Alemania, tiene por objeto "abordar los múltiples desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de internet y aportar a la construcción de un ecosistema digital más plural y respetuoso que potencie la calidad del debate público”.
Los Estados firmantes, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, Bélgica, Noruega, Austria, Canadá, Chile y Costa Rica, asumen la responsabilidad de trabajar para garantizar la fiabilidad de la información que circula en internet y el ejercicio de la libertad de opinión y expresión, siempre bajo criterios de autorregulación y alfabetización digital.
Además de las dificultades respecto a “ley aplicable” y la “jurisdicción internacional aplicable” (recordemos que Internet es global y es muy difícil encorsetarla dentro de las legislaciones nacionales), se suma la variedad de conflictos surgidos de las redes sociales que suponen controversias de diversa índole.
Ante la cantidad de voces que se expresaron en contra desde el Poder Ejecutivo se apuraron a aclarar que no había ningún proyecto de ley en marcha que tenga por objetivo regular las redes sociales. Béliz explicó que solamente se han convocado a 40 universidades de todo el país para pensar y proponer "lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”.
Sin embargo Gobierno hace un repaso de "las regulaciones vigentes en Europa, las herramientas de protección que ofrecen las propias plataformas digitales, la necesidad de generar mecanismos de regulación, coregulación y autorregulación que no afecten a la libertad de expresión y el fomento a la alfabetización digital”.
El modelo de regulación jurídica de la Unión Europea referente a Internet y las redes sociales virtuales corresponde a un sistema positivo de regulación de carácter comunitario, en el entendido que son las instituciones supranacionales con funciones legislativas de la UE como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo que dictan normas escritas frente al tema para que sean aplicables en los 27 estados miembros. Esto se contrapone los intereses de corrientes alternativas que se oponen a la regulación de Internet, como la Declaración de la Independencia del Ciberespacio, publicada por John Perry Barlow en 1996 que rechaza cualquier intento de regulación jurídico positiva a Internet.
El tema da para mucho. Además de las dificultades respecto a ley aplicable y la jurisdicción internacional aplicable, (recordemos que Internet es global y es muy difícil encorsetarla dentro de las legislaciones nacionales), se suma la variedad de controversias que surgen en las redes sociales que suponen conflictos de diversa índole, sean civiles, comerciales o penales entre otras.