En un conflicto de competencia, la Cámara Federal de Paraná devolvió al fuero provincial una causa por maltrato psicológico en un regimiento. El fallo advirtió que el lugar de los hechos "no resulta suficiente" para atribuir la causa al fuero federal.
La Cámara Federal de Paraná rechazó la competencia Federal atribuida y devolvió al fuero provincia de Entre Ríos una causa por maltrato psicológico en un regimiento.
Se trata de la denuncia de una empleada, que se desempeña como “Personal Civil” sin rango militar, en el Comando Brigada Blindada II, contra una sargento por presunta "violencia psicológica y simbólica".
En la causa, el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 1 de Paraná decretó una medida cautelar genérica y dispuso con carácter preventivo la prohibición de acercamiento al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento, a los lugares de habitual concurrencia y en la vía pública.
Luego se ordenó que se abstenga de tener todo tipo de contacto, por cualquier medio como personal, tecnológico, por interpósita persona o cualquier otro y de efectuar actos de perturbación, intimidación o actos amenazantes tanto dentro como fuera de su ámbito de trabajo.
Dicha resolución, fue apelada ante la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo, la que declaró su incompetencia y remitió la causa al fuero federal, en el marco de los autos “R., M. F. contra B. M. J. sobre reclamos varios”.
Los jueces Mateo José Busaniche, Beatriz Estela Aranguren y Cintia Graciela Gómez advirtieron que “en cuanto al lugar de acaecimiento de los hechos denunciados, ello no resulta suficiente a los fines de acordar la jurisdicción al fuero federal, máxime considerando que no se ha alegado ni acreditado afectación alguna al funcionamiento del organismo”.
Sin embargo, la Cámara Federal de Paraná consideró que la declaración de incompetencia “resulta extemporánea e inoficiosa, siendo que de los hechos relatados en la denuncia – asimismo- no se advierte competencia atribuible a este fuero Federal en relación a las conductas denunciadas, y resulta –además- que la competencia por las personas es esencialmente prorrogable”.
Los jueces Mateo José Busaniche, Beatriz Estela Aranguren y Cintia Graciela Gómez advirtieron que “en cuanto al lugar de acaecimiento de los hechos denunciados, ello no resulta suficiente a los fines de acordar la jurisdicción al fuero federal, máxime considerando que no se ha alegado ni acreditado afectación alguna al funcionamiento del organismo”.