20 de Noviembre de 2024
Edición 7095 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 21/11/2024
Cuestionamientos al Acta 2764

UART contra los intereses

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo criticó la acordada de la Cámara del Trabajo nueva aplicación de las tasas de interés en los juicios del fuero. Afirmaron que “encarece y sobrecarga la justicia laboral”.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) sacó un duro comunicado por la nueva aplicación de las tasas de interés en las demandas laborales, argumentando que supera “en muchos casos, tanto la inflación como la evolución de los salarios”.

En concreto, las aseguradoras criticaron la reciente decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que, mediante el Acta 2764 dispuso mantener las tasas de interés establecidas en las actas 2601/14, 2630/16 y 2658/17, con capitalización anual desde la fecha de notificación de traslado de la demanda.

Desde la UART afirmaron que esta decisión modifica “radicalmente la forma de aplicación de las tasas de interés que hasta ese momento se utilizaba en los juicios laborales, tanto por accidentes de trabajo, como despidos, multas y demás créditos laborales”.

En el comunicado, la UART sostuvo que la Cámara laboral “debió indicar expresamente que se aplica la capitalización de los intereses desde el momento del hecho, siempre que éste sea posterior al 1/8/2015 (fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial ya que antes estaba prohibido) y que la misma es por una única vez después de la notificación de la demanda y no anual (todos los años)”.

 

Argumentaron, además, que este cambio es “otro fuerte incentivo a litigar” y que “encarece y sobrecarga la justicia laboral”. 

 

“(…) se aplican intereses que vienen a actualizar de manera astronómica los valores reclamados, de una forma que nada tiene que ver con la razonabilidad de otros índices”, dijeron y ejemplificaron: “Según un ejercicio teórico una demanda iniciada en 2015 sobre un reclamo de $100.000 ahora pasaría a pagar $ 3.023.000. Si esta cifra hubiera sido actualizada por evolución salarial (RIPTE) o Inflación (IPC), el valor final estaría en torno a los $ 1.945.000”.

También criticaron las demoras en los procesos y “el aumento de la litigiosidad registrada, lo cual amenaza al sistema de riesgos del trabajo y al mercado laboral en su conjunto”, según esgrimieron las aseguradoras.

Argumentaron, además, que este cambio es “otro fuerte incentivo a litigar” y que “encarece y sobrecarga la justicia laboral”. “No existen actualmente activos en cartera de las aseguradoras o de las empresas, ni acá ni en ninguna parte del mundo, que tengan un rendimiento tal que permitan calzar y hacer viable esta acordada”, concluyeron.

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