Así salió así al cruce de versiones según las cuales en altas esferas gubernamentales se estaría intentando acelerar un pronunciamiento tendiente a “satisfacer” a los militares involucrados en la represión durante la última dictadura, entre quienes se encuentra el jefe del Ejército Ricardo Brinzoni, quienes fueron beneficiados por ambas normas dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Si bien no existe un borrador que aproxime a un fallo definitivo en torno a las causas que llegaron al tribunal, voceros del cuarto piso del Palacio de Justicia vienen sostiendo que habría un consenso mayoritario por la constitucionalidad de ambas normas, aunque en esta oportunidad lo que se estaría intentado es acelerar el pronunciamiento para que el “costo político” sea pagado por el gobierno saliente de Eduardo Duhalde y evitar así que ante un eventual triunfo de Nestor Kirchner, éste entre en contradicción con su reconocida oposición a las leyes.
En torno a esas leyes tres jueces federales se pronunciaron por su inconstitucionalidad, la que fue ratificada por la Sala Segunda de la Cámara Federal porteña. Pero el fiscal Federal Ricardo Sáenz dictaminó que en caso de declararse la inconstitucionalidad de ambas normas, a la cual se opone, no tendrían efecto retroactivo.
Hoy, el gobierno recibió el mensaje de Brinzoni, quien le hizo saber la presunta “inquietud” en el seno del Ejército, por un fallo adverso de la Corte.
El máximo tribunal de Justicia no tiene previsto pronunciarse en torno a temas pendientes de trascendencia pública hasta después de conocerse los resultados del ballottage del 18 de mayo, pero según las versiones, de pronunciarse, lo haría entre esa fecha y el 25 de mayo, concretamente durante el acuerdo del 20.