De este modo, el alto tribunal tiene que pronunciarse para determinar la competencia del caso, ya que la intención de los abogados de la empresa es que el caso no se resuelva dentro del marco legal de la Argentina.
En horas de la mañana uno de los integrantes de la querella Eduardo Poggi, quien perdió a su esposa en el accidente, se presentó ante los ministros con el fin de que el tema, que ya tiene un dictamen desfavorable del procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, se resuelva en el corto plazo.
Lo hechos que se debaten en el causa se dieron cuando un DC-9 procedente de Posadas, Misiones, y con destino a la capital federal, se estrelló en la localidad uruguaya de Fray Bentos provocando la muerte de 74 personas: 69 pasajeros y 5 tripulantes de la aeronave.
Cuando se inició el proceso judicial la causa quedó radicada ante el juzgado federal de Jorge Ballestero por el delito de "homicidio o estrago culposo", pero los abogados de la aerolínea impulsaron un "incidente de excepcion" y luego ante la Cámara de Casación Penal para ser juzgados por las autoridades del país en el que ocurrieron los hechos, pero las mismas fueron rechazadas.
Desde la empresa fundaron su pedido en que los hechos fueron en territorio extranjero, y por eso estimaron que se "tornaría inaplicable la ley argentina".
Cuando Becerra elaboró el dictamen estimó que los imputados omitían "considerar y rebatir" la posibilidad de que el delito haya tenido comienzo de ejecución en territorio argentino”.