El STJ pampeano analizó la utilización de los “precedentes jurisprudenciales”, y destacó la importancia de identificar las circunstancias relevantes, su semejanza con las acaecidas y a resolver en el legajo, a los efectos de perfilar la decisión a adoptar en el caso.
En la causa “Gallardo, Joel Nicolás en legajo por oposición al mantenimiento de la prisión preventiva s/recurso de casación”, la Sala B del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa analizó la utilización de los “precedentes jurisprudenciales” por las partes y los tribunales, y destacó la importancia de identificar las circunstancias relevantes, su semejanza con las acaecidas y a resolver en el legajo, a los efectos de perfilar la decisión a adoptar en el caso.
En el caso se cuestionó una decisión que resolvió extender la prisión preventiva hasta la finalización del proceso por la presunta comisión del delito de robo simple -en dos oportunidades-.
La defensa citó diversos antecedentes cuanto la necesidad de “mérito sustantivo” para la procedencia de la prisión preventiva, y su vinculación con las finalidades cautelares, a partir de la objetivación de los peligros procesales.
“Tal proceso resulta ineludible, en cuanto procura eliminar la utilización irreflexiva de los antecedentes jurisprudenciales, rescatando el valor del precedente, como garantía para los justiciables, por la previsibilidad y la seguridad jurídica que le confieren al sistema, y como herramienta de economía procesal”, añadió la sentencia.
Esta situación generó una serie aclaraciones vinculadas a la utilización de los “precedentes jurisprudenciales”, por las partes y los tribunales. Así, los jueces destacaron que es “imprescindible identificar las circunstancias relevantes, su semejanza con las acaecidas y a resolver en el legajo, para invocar la aplicación de dicho antecedente, a los efectos de perfilar la decisión a adoptar”.
“Tal proceso resulta ineludible, en cuanto procura eliminar la utilización irreflexiva de los antecedentes jurisprudenciales, rescatando el valor del precedente, como garantía para los justiciables, por la previsibilidad y la seguridad jurídica que le confieren al sistema, y como herramienta de economía procesal”, añadió la sentencia.