Tras la media sanción en Diputados del nuevo marco legal para el lavado de activos, distintas agrupaciones de abogados emitieron comunicados en contra y consideraron a la iniciativa como "regresiva". Si bien aún falta la aprobación en el Senado, advierten que se trata de una medida "antidemocrática".
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que reforma la normativa vigente en torno a la prevención y represión del lavado de activos, donde uno de los puntos centrales de la iniciativa es que modifica el artículo 5 de la Ley 25.246 y establece que la UIF funcionará como "organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera".
Frente a esta noticia, distintas entidades de derecho emitieron comunicados en contra de la iniciativa, que aún se encuentra pendiente de la aprobación total en Senado.
Para el CIPCE, "la asignación por ley de facultades de inteligencia a un organismo de naturaleza político criminal. La Unidad de Información Financiera (UIF) no es un organismo previsto en la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520) y su artículo 4 prohíbe expresamente a los organismos de inteligencia realizar tareas de investigación criminal".
"La reforma propuesta es regresiva al plantear una serie de modificaciones que son preocupantes desde el punto de vista de la efectividad del sistema antilavado de dinero, además de poseer un profundo contenido antidemocrático", advirtieron desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), al tiempo que agregaron que "la solución normativa propuesta sólo servirá para el cierre masivo de causas penales abiertas por narcotráfico en virtud de la aplicación de la ley penal más benigna".
"En materia de activos digitales observamos que su incorporación no está acompañada de una regulación legal integral del sector de plataformas de trading con criptomonedas. Entendemos que debería legislarse sobre aspectos claves como la exigencia de inscripción previa para operar, reglas de capitales mínimos, reglas antifraude y criterios de transparencia en la negociación y administración de billeteras virtuales, aspectos sobre los que aún no existen normativas claras de protección al inversor minoritario", se lee en el comunicado publicado por la entidad.
"De aprobarse esta ley, el cierre de causas no tardaría en suceder comprometiéndose importantes investigaciones que hoy están en curso o incluso en instancia de debate oral", remarcaron los letrados.
Para el CIPCE, "la asignación por ley de facultades de inteligencia a un organismo de naturaleza político criminal. La Unidad de Información Financiera (UIF) no es un organismo previsto en la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520) y su artículo 4 prohíbe expresamente a los organismos de inteligencia realizar tareas de investigación criminal".
"Este aspecto no se tiene en cuenta ni se explican los motivos de su inclusión en esta categoría que, poco a poco, va corriendo el arco del lavado de dinero como problema criminal hacia su interpretación como asuntos de inteligencia nacional. ¿El paso siguiente será la habilitación de espías para que trabajen en la UIF… y colaboren en las causas judiciales en trámite?", añadieron al respecto.
Por último, se puso de manifiesto que "no podemos pasar por alto que el proyecto de ley no define terrorismo o lo hace de un modo tan abierto que impide saber de antemano que casos caen dentro de ese universo. No estamos hablando de delitos de poca importancia, sino de una de las conductas más graves en el orden internacional y de uno de los principales instrumentos para criminalizar internamente la protesta social".