En septiembre de 2022 desde Diario Judicial repasábamos los puntos claves de la posible reforma de la ley de protección de datos personales, en una nota donde además del anteproyecto de ley, vimos los encuentros llevados adelante por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y los aportes realizados por diferentes actores en ese proceso de construcción de una ley mejor.
A ello se suma que en noviembre de 2022 la Cámara de Diputados convirtió en ley el Protocolo Modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal conocido como el Convenio 108+.
En diciembre de 2022, la AAIP publicó la Resolución 240/2022 que modificó la clasificación de infracciones y la graduación de sanciones vigentes desde 2015 referidas a los datos personales y las bases de datos.
El Presidente de la Nación junto al Jefe de Gabinete de Ministros enviaron a la Cámara de Diputados la redacción final del proyecto de ley de protección de datos personales, junto al mensaje 87/2023.
Ya llegado abril, se presentó el informe de gestión del año 2022 y se difundieron propuestas para modificar el proyecto de ley de protección de datos personales que venía circulando desde 2022 y que se había sometido a consulta pública, avanzando un poco más sobre este objetivo de modificación.
Finalmente, siguiendo con ese camino de reformas y estudios el viernes pasado el Presidente de la Nación junto al Jefe de Gabinete de Ministros enviaron a la Cámara de Diputados la redacción final del proyecto de ley de protección de datos personales, junto al mensaje 87/2023.
En el mensaje se habla del proceso de elaboración del proyecto y como se siguió las recomendaciones y estándares internacionales en la materia, contando con el aporte de 173 opiniones de 123 participantes de todos los sectores, los que fueron analizados por equipos especializados de la Agencia procediéndose a revisar 43 de los 76 artículos incluidos en el anteproyecto de ley, incorporándose además otros 5 propuestos en la consulta pública.
El proyecto final que busca reemplazar una ley con más de 20 años de vigencia, incluye 81 artículos y 2 disposiciones transitorias, distribuidos en 11 capítulos en lo que supone una reforma integral de la ley vigente.