El jury contra el titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, Walter Bento, ya tiene fecha: comenzará el 25 de septiembre y la decisión final tendrá que estar emitida antes del 27 de noviembre.
En mayo último, el Consejo de la Magistratura de la Nación suspendió al juez federal y ordenó la apertura del procedimiento de remoción. El dictamen fue impulsado por el entonces consejero Pablo Tonelli, en noviembre pasado. Tonelli tuvo por probado que el magistrado mendocino recibió “dinero u otros bienes a cambio del dictado de resoluciones judiciales favorables a quienes han realizado dichos pagos, en su rol de jefe u organizador de una asociación ilícita”.
Entre otras cuestiones, el juez realizó gran cantidad de viajes al exterior sin justificar gastos e ingresos, según el dictamen consensuado. Bento presuntamente ocultó su calidad de procesado en un concurso para camarista federal y omitió declaraciones patrimoniales, como también mantuvo 265 contactos vía Telegram con personas vinculadas al delito de asociación ilícita
El magistrado también prestará declaración el próximo 6 de septiembre, en el marco del juicio oral en el que se lo acusa de ser el presunto líder de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales.
El jurado estará conformado por los jueces Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra; los senadores Daniel Bensusán y José Torello; las diputadas Anahí Costa y Ana Romero; y el abogado Alfredo Barrau. En tanto, los acusadores serán los consejeros Roxana Reyes, Eduardo Vischi y Miguel Piedecasas; mientras que la defensa estará a cargo de los abogados Gustavo Gazali y Mariano Fragueiro Frías.
El magistrado también prestará declaración el próximo 6 de septiembre, en el marco del juicio oral en el que se lo acusa de ser el presunto líder de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales.
El juicio se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza, donde también son juzgadas otras 32 personas, entre las que se encuentran la esposa y dos hijos del magistrado, acusadas también de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.