Tras la publicación de Diario Judicial de la noticia sobre que se presentó un proyecto de ley que busca habilitar los divorcios en sede administrativa con una serie de reformas al Código Civil y Comercial de la Nación y para determinados casos, lo que conviviría con el divorcio judicial.
Esta iniciativa legislativa del oficialismo rápidamente generó comunicados de rechazo por parte de distintas agrupaciones de abogados.
En tal sentido el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó su rechazo al proyecto de ley tras “reafirmar su compromiso de defender la necesaria intervención profesional de las abogadas y abogados en cualquier causa que implique la aplicación del derecho”.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó su rechazo al proyecto de ley tras “reafirmar su compromiso de defender la necesaria intervención profesional de las abogadas y abogados en cualquier causa que implique la aplicación del derecho”.
Agregaron que “el rol del abogado/a es insustituible en situaciones como la de un divorcio, que enfrenta a sus protagonistas con uno de los procesos más desafiantes de la vida de las personas” por lo que “la ausencia de un/a abogado/a conocedor del derecho de familia dejará en desventaja a una de las partes, que conforme los hechos nos muestran son generalmente las mujeres”.
Por ello expresaron su “firme oposición a cualquier intento de evitar los procesos judiciales establecidos por las leyes, en favor de una entidad administrativa como el Registro” a la vez que instaron a las autoridades legislativas a no avanzar en la consideración del proyecto 3287-D-2023.
Por su parte el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos …“si bien el proyecto es presentado como una iniciativa para bajar costos en los divorcios vinculares, prevé la aplicación de nuevas tasas y aranceles, que terminarán siendo un mecanismo de financiamiento para el Estado”
Por su parte el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos en una publicación a través de su cuenta institución de Facebook, manifestaron su rechazo a los divorcios administrativos y en especial al proyecto de ley presentado por la diputada Eugenia Alianiello (Frente de Todos – Chubut) en el expediente 3287-D-2023, agregando que “El texto en cuestión presenta tan sólo cinco artículos, y no sólo afecta la incumbencia profesional de abogados y abogadas, sino que también supone una renuncia a los derechos de los particulares para la aprobación del trámite, sin asesoría letrada”
Y que “si bien el proyecto es presentado como una iniciativa para bajar costos en los divorcios vinculares, prevé la aplicación de nuevas tasas y aranceles, que terminarán siendo un mecanismo de financiamiento para el Estado” por lo que adelantaron que solicitaran a los legisladores entrerrianos a que no acompañen la iniciativa “que atenta contra los derechos de la ciudadanía en su conjunto”.
También el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia (Chaco), manifestó su “enérgico” rechazo en un comunicado de prensa, manifestando preocupación por la propuesta legislativa que “afectaría las incumbencias profesionales de los abogados y procuradores de nuestra jurisdicción”
También el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia (Chaco), manifestó su “enérgico” rechazo en un comunicado de prensa, manifestando preocupación por la propuesta legislativa que “afectaría las incumbencias profesionales de los abogados y procuradores de nuestra jurisdicción”.
Explicaron que luego de un exhaustivo análisis del contenido del proyecto, entendían que “la intención detrás de esta medida es agilizar los procesos y reducir costos” pero consideraban fundamental “evaluar las implicancias y consecuencias negativas que podrían derivarse de ese cambio”.
Así, se refirieron a los requisitos que establecería la nueva ley, considerando que “podrían limitar considerablemente la aplicabilidad de la medida y generar situaciones injustas para las partes afectadas”, a la vez que “podría plantear interrogantes en términos de protección de los derechos de los justiciables y acceso a un sistema judicial imparcial", ya que ese sistema proporciona un marco objetivo y equitativo para resolver conflictos matrimoniales.
Otro motivo de preocupación fue el impacto que la medida podría tener en honorarios y aranceles profesionales, por lo que instaron a los legisladores a reconsiderar la propuesta y a trabajar en conjunto con los profesionales del derecho para encontrar soluciones que promuevan justicia y protejan los derechos de los justiciables en los procesos de divorcio.
Los colegios de abogados de las seis circunscripciones judiciales del Chaco en forma unificada se pronunciaron en un “rechazo enérgico” contra el proyecto de ley, que podría “generar inseguridad jurídica y atenta contra los derechos constitucionales de las personas"
Por otra parte también los colegios de abogados de las seis circunscripciones judiciales del Chaco en forma unificada se pronunciaron en un “rechazo enérgico” contra el proyecto de ley, que podría “generar inseguridad jurídica y atenta contra los derechos constitucionales de las personas garantizados por nuestro ordenamiento jurídico vigente”, a la vez que consideraron que el mismo “no puede prosperar y debe ser desechado liminarmente resguardando de tal modo el interés general de la ciudadanía”.