El caso de Cecilia Strzyzowski en la provincia del Chaco ampliamente difundido, que conmocionó a toda la sociedad argentina e involucró como principales sospechosos inclusive a candidatos políticos de esa provincia, hoy nuevamente da que hablar, es a raíz de una denuncia policial por supuestas amenazas contra el equipo fiscal y sus familias habrían recibido por parte de grupos allegados a los acusados.
Según trascendió en una llamada realizada desde la cárcel por la principal acusada la misma habría indicado a un grupo que realizaran escraches y aprietes a los fiscales, jueces y policías en sus casas e incluso en los colegios de sus hijos, algo que se estaría investigando en una nueva causa penal abierta y que recibió fuertes comunicados de repudio.
Así, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco (AMYFJCH) expresaron “su preocupación y repudio ante las amenazas sufridas” por los distintos fiscales que investigan el caso Cecilia Strzyzowski como “también por los jueces de garantías y jueces y juezas de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional” y todo otro funcionario o magistrados, agregando que “la pretensión de intimidar a quienes tienen a su cargo la investigación de delitos es un ataque a la sociedad, a las instituciones y al Estado Constitucional de Derecho”, a la vez que mostraron su solidaridad con los afectados y sus familias y anunciaron que denunciarían el hecho.
La pretensión de intimidar a quienes tienen a su cargo la investigación de delitos es un ataque a la sociedad, a las instituciones y al Estado Constitucional de Derecho
Por su parte la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial (FAM) acompañó los dichos de la primera y también se mostraron preocupados por el hecho, expresando que “lo sucedido es extremadamente grave y pone de manifiesto, una vez mas, las condiciones en las que las y los operadores del sistema de justicia deben llevar adelante su labor”, algo que “no puede aceptarse en un Estado que se precie en cumplir con una de sus funciones esenciales, como es la de afianzar la justicia” a la vez que “revela un menoscabo a la independencia con la que fiscales y magistrados deben llevar adelante su función”, exhortando a las autoridades para que brinden seguridad a los mismos.
El Ministerio Público Fiscal también decidió acompañar a los fiscales y Magistrados que intervienen en el caso y se solidarizaron frente a las amenazas sufridas, aclarando que la denuncia formulada se tramitaba en el equipo fiscal N° 2 a cargo de la Dra. Ana Gonzalez de Pacce.
El Colegio de Fiscales de la primera circunscripción judicial también emitió un comunicado donde siguiendo en línea con los demás demostrando su solidaridad y preocupación, también hicieron un “llamado a la paz social, instando a respetar el trabajo de quienes protegen y luchan en pos de los derechos”, rechazando cualquier violencia o intimidación.
La Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco también repudió el hecho al igual que el Colegio de Abogados de Resistencia que en una publicación en el diario inclusive expresaron el “mas enérgico repudio” y solicitaron que se brinden medidas de seguridad para fiscales, jueces y sus familias.
Mientras tanto en la provincia el día de ayer el Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos de casación presentados por los defensores de los acusados y se confirmó la prisión preventiva de los mismos en un fallo de 74 fojas que se puede visualizar desde aquí.