El ejecutivo nacional dispuso hoy por medio de los decretos 180/03, 185/03, 187/03 y 200/03 acordar los beneficios del desarraigo estableciendo una compensación por los mayores gastos en que incurran funcionarios que sean convocados para cumplir funciones de nivel político en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y que tengan residencia permanente en el interior del país a una distancia superior a los 100 kilómetros de la sede de sus funciones. En esas normas se concedió el beneficio al Secretario Legal y Técnico Carlos Alberto ZANNINI, al Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA NACION Oscar Isidro José PARRILLI, al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel DE VIDO,y a la Ministra de Desarrollo Social Alicia Margarita Antonia Kirchner, hermana del presidente, respectivamente. Los decretos establecen que dichos beneficios serán otorgados a partir de la fecha de posesión del cargo y mientras su residencia permanente se encuentre a una distancia superior a los 100 kilómetros de la sede de sus funciones imputándo el gasto mencionada a las áreas en que los funcionarios desempeñan sus cargos.
Pedido
La defensa de Fernando De la Rúa pidió a la juez María Servini de Cubría que aplace la declaración indagatoria del ex presidente prevista para el próximo martes 17 de junio, y reclamó en ese sentido la realización de “nuevas medidas probatorias” antes del acto, confirmaron fuentes judiciales. De la Rúa fue citado a declarar por el delito de “homicidio culposo” de los cincos manifestantes que murieron por la represión policial en el microcentro porteño el 20 de diciembre de 2001, el último día del gobierno de la Alianza que encabezó De la Rúa. Al cierre de esta edición, la juez Servini no había decidido aún si aceptaba o no el pedido defensista, aunque en fuentes de la causa se especulaba con que el mismo sería aceptado.
Revancha
Ante una fuerte publicidad desde el gobierno, las tabacaleras decidieron arremeter e iniciaron un proceso en contra del estado californiano. En esta presentación hecha por las tabacaleras acusaron al estado de abuso en las publicidades antitabacos. Desde las tabacaleras se señaló que la publicidad promovida los ha dejado como villanos que persiguen a niños para convertirlos en adictos. Las publicidades que generaron la reacción de las empresas cigarreras mostraban supuestos ejecutivos de empresas tabacaleras riendo al escuchar las acusaciones de que el fumar es perjudicial a la salud. Otro de los cortos publicitarios, ponía en escena a adolescentes que ante una lluvia de cigarrillos quedaban perplejos, en tanto que una voz en off promovía la venta de cigarrillos a los jóvenes como mecanismo de supervivencia de las empresas para seguir funcionando. Consideran que la campaña alentada por el gobierno viola los derechos constitucionales de las empresas a la vez sostienen que las publicidades podrían inclinar las opiniones del jurado en futuros juicios. Ahora deberá resolver la justicia.