Fuentes judiciales confirmaron que para Stornelli el expediente está en condiciones de pasar a juicio oral, al que llegarían además imputados por los mismos delitos los colaboradores de Bello, Ángela Riggón, Víctor Cantero, Héctor Burotto, Alejandro Val y el responsable de la firma LAUTREC Publicidad, Roberto Márquez.
Para Stornelli “se encuentra comprobado que Bello y otros miembros del directorio del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), teniendo a su cargo la disposición de fondos para la Campaña de Entrenamiento, Prevención, Distribución y Difusión de la Problemática del Año 2000, se interesaron en forma personal en la contratación” para adjudicar las tareas.
Los cuestionamientos a Bello y los otros procesados se centraron sobre la modalidad empleada para la contratación, la falta de requisitoria de precio testigo y la posterior actividad relativa a la verificación del cumplimiento de lo pactado en torno a la campaña de prevención de los supuestos problemas que traería sobre los sistemas informáticos el cambio de siglo.
Así, se determinó que con Lautrec Publicidad se contrataron servicios por un valor de 7.000.000 de pesos, que incluía la realización de miles de videos, etiquetas, folletos y calcos, además de acciones de difusión en medios gráficos, radiales y televisivos.
La causa se inició por una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA), contra Bello y los otros funcionarios del INAP por las contrataciones directas que, recordó Stornelli en su declaración, violan el decreto 558/96, que exigía la intervención de la Sindicatura General de la Nación, cuando el precio de una contratación se ubicara por encima de los 75.000 pesos.