La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la prisión preventiva impuesta a un hombre imputado por el delito de hurto calificado, en grado de tentativa; pero le fijó al encarcelamiento cautelar un plazo máximo de dos meses, tal como lo había solicitado la Defensa Pública.
En la causa "Incidente: solicita audiencia de prisión preventiva - Jesús Antonio Pereyra", el tribunal cordobés estimó que el período establecido permite completar la investigación penal preparatoria a la vez que evita “desviaciones inconstitucionales en el empleo de esta clase de encarcelamiento, para luego revaluar la situación del imputado”.
Durante la audiencia de audiencia de prisión preventiva, según se desprende del expediente, el asesor letrado Martín Cafure, defensor del imputado, pidió de manera subsidiaria un plazo a la prisión preventiva con fundamento en el Acuerdo Reglamentario 1804 del Tribunal Superior de Justicia local.
De este modo, el tribunal estimó que el plazo definitivo es “más que razonable a los fines de que se proceda a culminar la instrucción, y, en su caso, requerir la elevación de las actuaciones a juicio”, por lo que la decisión final sobre la prisión preventiva quedará en manos de la cámara del crimen que corresponda por sorteo.
Esta norma, que amplía la implementación del plan piloto de audiencias orales de prisión preventiva, también recuerda la posibilidad de “utilizar límites de extensión temporal para la disposición de la prisión preventiva, en los supuestos que así lo permitan, para garantizar la correcta investigación y el juicio”.
De este modo, el tribunal estimó que el plazo definitivo es “más que razonable a los fines de que se proceda a culminar la instrucción, y, en su caso, requerir la elevación de las actuaciones a juicio”, por lo que la decisión final sobre la prisión preventiva quedará en manos de la cámara del crimen que corresponda por sorteo.