El Juzgado de Garantías de Tercera Nominación de Salta ordenó remitir a juicio una causa iniciada por una alerta generada por NCMEC (Nacional Center For Missing & Exploited Children).
En el caso, la fiscal Penal especializada en Ciberdelincuencia Sofia Cornejo Solá requirió la elevación de juicio de la causa contra un hombre, de 42 años, como autor del delito de producción y difusión de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación en calidad de víctimas de personas menores de 13 años, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la edad de la víctima (dos hechos), abuso sexual con acceso carnal agravado por la edad de la víctima (dos hechos), y abuso sexual simple agravado por la edad de la víctima.
Las actuaciones de la Fiscalía de Ciberdelincuencia se iniciaron por una alerta generada por NCMEC (Nacional Center For Missing & Exploited Children) donde la empresa Google detectó que un ciudadano -de nacionalidad boliviana residente en Salta- se habría filmado abusando sexualmente de menores de edad, de sexo femenino oriundas de Salta. Esto fue corroborado en investigaciones realizadas en redes sociales donde se observó que las menores concurrían al lugar donde acontecieron los abusos, según se desprende del expediente.
Durante la investigación, se llevaron a cabo diligencias con el objetivo de ubicar el lugar donde ocurrieron los incidentes, lo que condujo a la residencia del imputado en el macrocentro de la ciudad de Salta. En el transcurso de estas pesquisas, se pudo establecer que los videos fueron grabados y producidos en el interior de la habitación donde el acusado residía. Estos videos se registraron utilizando una cámara que estaba estratégicamente ubicada para enfocar principalmente la cama de su dormitorio.
Sin embargo, el defensor se opuso y cuestionó las fotografías y filmaciones por presuntamente "no poseer rubricación expedida por autoridad judicial o notarial, que den fe de la legitimidad de las mismas e impidan que la prueba documental no sea objeto de alteración o falsedad".
Adicionalmente, en los videos, el imputado mostraba su rostro y su apariencia física, y luego compartía estas imágenes en línea a través de una cuenta de correo electrónico. Esta cuenta de correo se verificó al estar vinculada a un número de teléfono que se comprobó pertenecía al acusado.
Las conexiones realizadas fueron identificadas por la empresa Google, donde se pudo verificar de manera concluyente la descarga de contenido de abuso y/o explotación sexual infantil, utilizando el servicio de internet cuya titularidad también correspondía al acusado.
Sin embargo, el defensor se opuso y cuestionó las fotografías y filmaciones por presuntamente "no poseer rubricación expedida por autoridad judicial o notarial, que den fe de la legitimidad de las mismas e impidan que la prueba documental no sea objeto de alteración o falsedad".
"Se advierte que la información existente hasta el momento alcanza para tener configurado un caso en el sentido penal. En efecto, obran en autos elementos de cargo, tales como los inficados por la Fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio que se analizarpab al momento de valorar la pieza fiscal", aseguró el juez, quien además sostuvo que el planteo defensivo versa más sobre un desacuerdo con los elementos de cargos que con un "verdadero vicio que invada el requerimiento a juicio".