Los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el rechazo de la demanda impulsada por el encargado de un edificio del barrio porteño de Villa Urquiza, quien fue despedido tras ser sorprendido por copropietarios mirando por las cerraduras de los departamentos.
A la hora de desvincularlo, la administración del consorcio consideró que el accionar del encargado representa una violación a la intimidad de los propietarios afectados, una violación a sus obligaciones, ya que "en ese horario se debería encontrar en la puerta del edificio y una inconducta que por su gravedad genera una pérdida de confianza que torna imposible la continuación del vínculo
laboral", según se desprende del telegrama.
Los vecinos manifestaron su preocupación, sumado a que los hechos ocurrieron a pocos días del asesinato de Ángeles Rawson a manos e Jorge Mangeri, encargado del edificio, quien mató a la adolescente de 16 años y se deshizo del cuerpo arrojándolo con el resto de las bolsas de basura del consorcio.
De este modo, los camaristas María González y Víctor Pesino confirmaron que los "hechos acreditados en la causa constituyen una injuria de tal magnitud que no amerita continuar con la relación laboral, por lo que el despido del actor se ajustó a derecho".
"Al respecto, cabe señalar que las conductas del actor violan claramente la confianza que se tuvo en miras al contratarlo, si se tiene en cuenta que presta servicios en un ámbito de alta privacidad y reserva y sus funciones –como encargado del edificio- requieren de un comportamiento íntegro y confiable, que no de lugar a hechos como los que advirtieron en el caso los habitantes del edificio, quienes coincidieron haberlo visto espiar por la cerradura de diversos departamentos del edificio; lo que obviamente generó un grado de alta
inseguridad y pérdida de confianza; lo que finalmente derivó en una reunión de propietarios que decidió disponer la extinción de la relación laboral", consideró el Tribunal.
De este modo, los camaristas María González y Víctor Pesino confirmaron que los "hechos acreditados en la causa constituyen una injuria de tal magnitud que no amerita continuar con la relación laboral, por lo que el despido del actor se ajustó a derecho".