La Oficina de Derechos Humanos y Justicia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en el marco de su participación en la Mesa Interprovincial por el Acceso a Justicia, publicó el documento “Trazando trayectorias judiciales de personas en condiciones de vulnerabilidad. Barreras y facilitadores de Acceso a la Justicia en Argentina”, que tiene como objetivo facilitar la comprensión y la accesibilidad a las distintas instancias judiciales en los sectores más vulnerables.
La Mesa Interprovincial trabaja desde hace más de tres años generando políticas para el acceso a la justicia con una mirada federal, cuyos ejes de trabajo están enfocados en una producción teórico-metodológica de investigación y acción y de participación plural.
Una dimensión que apareció en el trabajo de campo fue la del lugar que ocupan las redes sociales e institucionales en las vidas de las personas que, en situación de vulnerabilidad, deben enfrentar procesos judiciales.
Asimismo, está constituida como un espacio de diálogo, intercambio y aprendizaje institucional y en la creación de nuevas metodologías y herramientas para la generación de nuevas directrices de acceso a la justicia desde un enfoque de los derechos humanos.
En el mencionado documento se pueden encontrar los resultados de la investigación llevada a cabo por las oficinas, las metodologías implementadas, la identificación de las diferentes problemáticas y barreras que enfrentan las personas para acceder al servicio de justicia.
Entre otros aspectos relevantes, el informe mostró que “al momento de analizar expectativas y miedos podemos observar que surgen más temores que aspectos positivos de la experiencia de acercarse a “la Justicia”. Este sentimiento de temor a la hora de enfrentar el proceso judicial surge en gran parte de las entrevistas realizadas. Cualquiera sea la situación que acercó a estas personas al Poder Judicial, su experiencia no se mostró exenta de ello”.
“Creemos entonces que no es posible subestimar los alcances del miedo a la hora de interactuar, y en tanto está cargado de representaciones sociales, no es un problema de quien se acerca a buscar una solución sino una condición que quien recibe debe tener en cuenta”, se agregó al respecto.
Una dimensión que apareció en el trabajo de campo fue la del lugar que ocupan las redes sociales e institucionales en las vidas de las personas que, en situación de vulnerabilidad, deben enfrentar procesos judiciales.
Las barreras económicas, simbólicas, sociales, culturales y ambientales que dificultan el ejercicio del derecho del acceso a justicia parece mitigarse frente a la aparición de redes que pueden mediar, traducir y/o facilitar el encuentro.
“Las redes locales, comunitarias y/o institucionales, familiares, amigos, organizaciones sociales, y las propias oficinas de acceso a justicia con las que cuentan las personas a la hora de enfrentar procesos judiciales impactan positivamente en los modos de atravesar la experiencia y facilitan el acceso a la justicia”, sostiene el documento.
La Mesa Interprovincial por el Acceso a la Justicia está integrada por la Dirección de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba, la Oficina de Derechos Humanos y Justicia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.