El dueño de la empresa Adhemar Capital, Edgar Adhemar Bacchiani, irá a juicio en la provincia de Córdoba por la supuesta comisión de estafas relacionadas con inversiones en criptomonedas.
La firma quedó en mira en 2022 tras el caso del holding Generación Zoe. Estas empresas prometían ganancias extraordinarias, generalmente a través de inversiones. Según la acusación del fiscal Valeria Rissi, el imputado habría montado en la ciudad de Córdoba una sucursal de su empresa Adhemar -originalmente radicada en Catamarca- para captar víctimas que aportaron grandes sumas de dinero para ser invertidas en criptodivisas.
Bacchiani –autodenominado “trader god”- firmaba contratos de mandato de inversión por seis meses y se comprometía a pagar mensualmente intereses que oscilaban entre el 13% y el 18% como así también a restituir el capital aportado al finalizar el contrato. Los montos aportados por los más de 50 damnificados alcanzan, en algunos casos, los 200.000 dólares, de acuerdo a la investigación.
Para el representante del Ministerio Público, Bacchiani conocía que “en función de la naturaleza y la volatilidad de dichas operaciones no podría satisfacer los compromisos pactados tanto con relación a la restitución del capital como al pago de sus respectivos intereses”. Parte de la estrategia era mostrar resultados exitosos e impulsar acciones publicitarias “tendientes a dotarla de una aparente seriedad, tales como la organización de eventos con reconocidas personalidades del mundo del deporte y el espectáculo y la difusión de sus actividades en prestigiosos medios de comunicación locales y nacionales, lo cual brindaba confianza a los potenciales clientes, sumado al montaje de oficinas de categoría instaladas en esta Ciudad, reforzaban la fingida envergadura de la empresa”.
“Conforme surge de la prueba recabada en autos, Bacchiani aseguraba a los inversores las altas rentabilidades que ofrecía, al punto tal de que se comprometía dos veces por la misma obligación”, detalló el juez, quien advirtió que “ parecen injustificadas y permiten, razonablemente, sospechar que hayan sido ofrecidas de manera falaz”.
La defensa del imputado sostuvo que no se trataba de un hecho de estafa, sino de un incumplimiento contractual, ya que los reclamos comenzaron cuando anunció que iba a "restructurar" contratos lo que generó la preocupación de los inversores, quienes se acercaron a las oficinas para reclamar su dinero y presentaron denuncias en diferentes provincias. Por ello, afirmó que no existió engaño y que tampoco había participado en los hechos, pues él no había contactado personalmente con los damnificados.
Tras una larga investigación, el Juzgado de Control y Faltas 7 de la ciudad de Córdoba, a cargo del juez José Milton Peralta, concluyó que existen fuertes indicios para considerar que, desde un inicio, el imputado habría planeado no cumplir con las obligaciones contraídas, de modo que la maniobra se trataba de una estafa y no de un mero incumplimiento contractual.
“Conforme surge de la prueba recabada en autos, Bacchiani aseguraba a los inversores las altas rentabilidades que ofrecía, al punto tal de que se comprometía dos veces por la misma obligación”, detalló el juez, quien advirtió que “ parecen injustificadas y permiten, razonablemente, sospechar que hayan sido ofrecidas de manera falaz”.
A su vez, la rentabilidad de la empresa en años anteriores había sido mucho menor a lo que Bacchiani prometía a sus clientes en estos casos, lo que supone para el juez un indicio de la existencia de engaño. El magistrado también valoró el hecho de que el imputado haya otorgado pagarés a título personal para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones; pero que, al mismo tiempo, haya colocado muchísimos de sus bienes a nombre de “testaferros”.