El Ministerio de Seguridad prorrogó por dos años la emergencia en materia penitenciaria. Lo hizo mediante la Resolución 254/2024, publicada en el Boletín Oficial, la cual advierte que las circunstancias que motivaron la declaración de emergencia en 2019 y su prórroga en 2022 no sólo persisten, sino que se han agravado.
Para la cartera, la cantidad de plazas disponibles “resulta insuficiente para satisfacer la demanda de ingreso de detenidos al sistema carcelario federal” y gran parte de la problemática se concentra en la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, la resolución hace especial hincapié en la falta de concreción del traspaso de la justicia ordinaria en materia penal al ámbito porteño al considerar que “resiente las capacidades físicas de alojamiento de personas con las que cuenta actualmente el Servicio Penitenciario Federal (SPF), a la par que impide el alojamiento de personas privadas de la libertad por orden de distintos tribunales con competencia federal que, en consecuencia, deben permanecer alojados en dependencias ajenas al SPF”.
Según un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, marzo finalizó con 11.424 personas detenidas establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en todo el país, e indicó que desde enero la población carcelaria aumentó un 1% en ese ámbito, es decir, 113 personas más que en diciembre 2023. El dato surge del informe trimestral enero - marzo 2024, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada.
En este marco, el 56,2 % de la población tiene condena, mientras que el 43,8 transita el encarcelamiento en prisión preventiva. En las cárceles federales, el 46,8 % de las personas privadas de la libertad se encuentra detenida bajo responsabilidad de fuero federal; el 47,9%, por orden de magistrados/as del fuero nacional; y el restante 5,3 %, de tribunales provinciales.
En este sentido, el Gobierno nacional señaló que la construcción de nueva infraestructura penitenciaria “es una política pública fundamental para superar la emergencia carcelaria”.
De acuerdo con el documento, la sobrepoblación registrada en establecimientos del SPF en el período analizado ascendió al 4,5%. La cifra representa 492 personas detenidas por encima de la capacidad de alojamiento (la capacidad utilizable es de 10.932). La sobrepoblación registrada, precisa el informe, es similar a la población total del Complejo Penitenciario IV de mujeres de Ezeiza, que cuenta con 507 mujeres y personas travesti-trans.
En 2018 se había acordado relocalizar la cárcel de Devoto a un nuevo penal en Marcos Paz con 2.240 plazas, pero el Gobierno de la Ciudad suspendió unilateralmente la obra, incumpliendo el convenio, según detalla la resolución. A esta obra su suman dos más en Santa Fe y provincia de Buenos Aires: el Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino de Coronda y el Complejo Federal de Condenados de Agote
En este sentido, el Gobierno nacional señaló que la construcción de nueva infraestructura penitenciaria “es una política pública fundamental para superar la emergencia carcelaria”, y concluyó: “La actual administración tiene como meta articular las gestiones que resulten necesarias para que se concluya con celeridad la ejecución de las tres obras mencionadas y, a la vez, proyectar nuevos centros de detención con miras a la modernización del sistema penitenciario conforme los más altos estándares internacionales”.