La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentaron el proyecto de juicio en ausencia que establece la posibilidad de juzgar en ausencia a un imputado prófugo de la justicia.
El texto del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación modifica el artículo 140 del Código Penal de la Nación y los casos en los que se puede aplicar el juicio por ausencia serán genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión; delitos de desaparición forzada, tortura, terrorismo y financiamiento del mismo, así como proliferación de armas de destrucción masiva.
Entre otras modificaciones, “la rebeldía del imputado no suspenderá la investigación ni el avance del proceso hasta la elevación a juicio”, sostiene el texto, donde también se detalló que si el imputado quedara prófugo durante el juicio oral, el juicio oral continuará con los demás imputados presentes y se suspenderá momentáneamente respecto del imputado rebelde, el cual será luego juzgado en ausencia.
El proyecto también prevé la obligación de que se grabe el juicio en ausencia por medios audiovisuales, bajo apercibimiento de declaración de nulidad, y su registro y todos los elementos de prueba deberán ser resguardados hasta la culminación definitiva del proceso.
“El juicio en ausencia procederá contra un imputado prófugo luego de haber transcurrido cuatro meses desde el dictado de su orden de captura nacional o internacional sin que haya podido ser encontrado, o cuando haya sido denegada su extradición, o no se haya tenido respuesta del pedido de extradición en un plazo suficiente”, se especifica.
Sobre la notificación, el texto sostiene que “el juez notificará al imputado, a su defensor y, en su caso, a sus familiares o allegados el auto que declara que el proceso continuará en ausencia; en ese mismo acto, les informará sobre las disposiciones aplicables. Si el imputado declarado ausente no tuviere defensor, el juez le designará uno de oficio. En cualquier etapa del proceso el imputado podrá designar un defensor de su confianza”.
“Durante el proceso en ausencia no será requerida la presencia del imputado para ningún acto procesal. Los derechos conferidos al imputado por este Código y por otras leyes aplicables serán ejercidos por su defensor”, se añade al respecto.
El proyecto también prevé la obligación de que se grabe el juicio en ausencia por medios audiovisuales, bajo apercibimiento de declaración de nulidad, y su registro y todos los elementos de prueba deberán ser resguardados hasta la culminación definitiva del proceso.
En el caso de que se detenga al prófugo o este se presente durante la realización del juicio en ausencia, tendrá derecho a ser escuchado. Luego de la sentencia condenatoria, el prófugo solo podrá solicitar la realización de un nuevo juicio cuando no hubiera tomado conocimiento del proceso en su contra o cuando, a pesar de haber tomado conocimiento del proceso en su contra, no hubiera concurrido a la citación del tribunal debido a un grave y legítimo impedimento.
El proyecto fue presentado este miércoles en un acto donde la ministra Bullrich sostuvo que "estamos dando un paso importantísimo en el principio de igualdad ante la Justicia. Me encantaría, como ministra de Seguridad, que esto alcance a los narcotraficantes, contrabandistas y a quienes defraudan al Estado, pero es un instituto importante con el que hay que ir paso a paso y es por eso que elegimos los delitos más graves, los que lesionan al pueblo entero”.
Cúneo Libarona, por su parte, explicó que hasta hoy “las personas imputadas que no se presentan en el proceso judicial o se fugan pueden eludir el accionar de la Justicia”. Cuando esto sucede, “el proceso judicial puede seguir varios caminos, todos injustos: se paraliza, avanza poco y sin rumbo, se archiva hasta que algún día comparece el imputado o directamente puede suceder que el imputado muera y el expediente pase definitivamente al archivo, olvidado en un cajón”.
Estuvieron presentes también el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, Roberto Isaac Churba, de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la Sede de la AMIA, y el jefe de Gabinete de Seguridad, Carlos Manfroni.