Según un informe sobre la situación de los legajos de suspensión de juicio a prueba notificados en los últimos dos años, los delitos contra la propiedad encabezan por amplia mayoría las causas resueltas por esta vía, ya que reúnen el 93% de los casos acordados en juzgados nacionales y el 61% en tribunales orales.
Se trata de un documento presentado por Unidad Fiscal de Medidas Alternativas al Proceso Penal (UFIMAPP), a cargo de la fiscal general María Ángeles Ramos, en base a 4.196 legajos -notificados entre el 1 de octubre de 2022 y el 9 de junio último- a personas a quienes se le concedió en el ámbito de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
De acuerdo a los datos estadísticos, los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional (TOC) concentran, como tribunal de origen, el 75,52% de los legajos (3.169 casos) frente a un 24,29% (1.019 casos) de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional. El 0,19% restante corresponde a los ocho legajos tramitados en la categoría de “otros” tribunales.
En los 20 meses analizados, el promedio mensual de SJP concedidas e informadas a la UFIMAPP es de 209 casos, esto es, 158 casos en los Tribunales Orales y 51 en los Juzgados Nacionales.
Uno de los puntos más relevantes se vincula a los delitos contra la propiedad, que constituyen la amplia mayoría de las suspensiones de juicio a prueba, pero advirtieron que su incidencia en términos proporcionales varía según cuál sea su tribunal de origen.
En relación a los plazos de supervisión dispuestos por el tribunal, el de 12 meses aparece, por amplia mayoría, como el más aplicado (81,94% en los juzgados de primera instancia y el 52,82% en los TOC), seguido por el de 24 meses (6,77% en juzgados y 17,36% en TOC), el de 18 meses (8,44% en juzgados y 16,63% en TOC) y el de 36 meses (1,08% en juzgados y 8,65% en TOC).
Uno de los puntos más relevantes se vincula a los delitos contra la propiedad, que constituyen la amplia mayoría de las suspensiones de juicio a prueba, pero advirtieron que su incidencia en términos proporcionales varía según cuál sea su tribunal de origen. Con 982 casos, son el 93% de los acuerdos en los juzgados nacionales y con 2.412, el 61% en los TOC, según el documento.
En orden le siguen los delitos contra la administración pública (10% en los TOC y 2% en los juzgados); los delitos contra la libertad (10,2% en los TOC y 1,4% en juzgados); los delitos contra las personas (5,3% en los TOC y 0,5% en los juzgados); los delitos contra la fe pública (7% en los TOC y 3% en los Juzgados); y los delitos contra la integridad sexual (5% en los TOC y el 0,1% en los juzgados).
A su vez, en los juzgados de primera instancia el 52% de esos legajos de SJP fueron en causas por robo (508 casos), el 29% por hurto (283), el 13% por robo agravado (124), el 4% por hurto agravado (45) y el 1,7% por estafas y otras defraudaciones (17) En los TOC: el 35% fueron por estafas y otras defraudaciones (843 casos), el 21% por robo (508), el 20% por hurto (490), el 17.4% por robo agravado (422) y el 4% por hurto agravado.