Esta semana la Corte Suprema de Justicia creó el Portal de la Justicia Argentina, algo que parecía solo un proyecto para difundir y comunicar información judicial pero que generó una fuerte disputa entre los integrantes del Máximo Tribunal y que quedó plasmado en la Resolución 2512/2024.
El texto, publicado en el Boletín Oficial, oficializa la creación de una web para informar sobre el “entramado completo de la justicia argentina –del Poder Judicial de la Nación, de los poderes judiciales provinciales y del de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-” y poner “a disposición de la ciudadanía y los agentes judiciales toda esa información organizada y normalizada”.
“(…) resulta necesario articular un espacio de colaboración inter-jurisdiccional que facilite el acceso a información pública sobre la estructura, organización y funcionamiento de la justicia de nuestro país a través de un único portal, complementario de las distintas páginas web institucionales correspondientes a cada uno de los poderes judiciales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la propia Corte”, señala la resolución firmada por Horacio Daniel Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fernando Rosenkrantz.
Sin embargo, el juez Ricardo Luis Lorenzetti firmó en disidencia y su voto dejó a la luz una fuerte disputa: “La Constitución ha conferido a la Corte Suprema la trascendente misión de sostener la independencia del Poder Judicial y proteger los derechos de los ciudadanos. Esa función se desnaturaliza cuando se desciende al ilusorio deseo de ocupar espacios de poder interno”, expresó el supremo, quien al mismo tiempo acusó al Tribunal de adoptar sin fundamento y de forma apresurada la creación de “oficinas, direcciones e ingresos de personal, afectando la eficaz utilización de recursos”.
Lorenzetti también hizo hincapié en el tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y la necesidad de escuchar sus opiniones y “no consolidar situaciones de hecho que condicionen su capacidad de decisión”.
Y continuó: “En todos los casos se ha designado personal con cargos de funcionarios, sin concurso, o, como en este caso, se asignan recursos ya existentes a proyectos ineficaces contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige. Que, además, esas medidas no se basan en necesidades concretas ni en urgencias”.
Lorenzetti también hizo hincapié en el tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y la necesidad de escuchar sus opiniones y “no consolidar situaciones de hecho que condicionen su capacidad de decisión”. También calificó el proyecto de “antiguo”, ya que -según alegó- fue intentado hace aproximadamente veinte años, pero “no funcionó debido a las enormes dificultades prácticas y los diferentes criterios de las diversas jurisdicciones", para posteriormente crearse el Centro de Información Judicial (CIJ).
“Justamente mientras se mantuvo dicha política se firmaron numerosos acuerdos con las justicias provinciales que lograron autonomía, y que, actualmente, tienen sistemas comunicacionales que, en muchos casos, superan al que actualmente tiene este Tribunal, que ha reemplazado un sistema institucional de comunicación por uno basado en rumores. Que tampoco se observa un análisis de las prioridades, porque el Poder Judicial tiene numerosas necesidades más relevantes para los justiciables”, concluyó el juez, quien reclamó canalizar la política comunicacional del Tribunal mediante el CIJ.