En la causa “S.S.S. c/ Prefectura Naval Argentina s/ Amparo Ley 16.986”, la Cámara Federal de Corrientes revocó el traslado de una agente de prefectura que es madre sostén de familia, al ponderar el interés superior de sus hijos menores.
El organismo había ordenado el traslado desde la delegación de Paso de los Libres a la delegación de Santo Tomé, pero la mujer interpuso un amparo por considerar que no se realizó una valoración acorde al contexto familiar y de género, ya que el hecho de que cumpla servicios alejada de su núcleo familiar, afectaría sin lugar a dudas el contacto de los menores con sus respectivos progenitores.
“También es oportuno resaltar, que la actora debe afrontar los gastos de alquiler en la cuidad de destino, independientemente de la ayuda que la fuerza pueda brindarle, ya que la agente se encuentra a cargo de la asistencia de sus tres hijos, siendo ella el único sostén económico de la familia”, remarcó el fallo.
En ese marco, puntualizó el estado de la salud psicofísica de su hija de 13 años de edad, quien al ser evaluada por los profesionales, concluyó que la menor atraviesa por un estado de mucha angustia e inestabilidad emocional, debido que a su madre y tutora le habían dado la noticia de que debería mudarse a la ciudad de Santo Tomé por razones laborales.
El Tribunal integrado por Ramón Luis González, Selva Angélica Spessot y Mirta Gladis Sotelo de Andreau entendió que la resolución que ordenó el traslado carece de una adecuada fundamentación, ya que, aunque menciona la normativa aplicable, no ofrece razones específicas que justifiquen la necesidad del cambio de destino de la demandante, requisito obligatorio según el artículo 7, inciso e) del decreto ley 19549.
De esta manera rechazó los argumentos de Prefectura que sostuvo que su negativa afecta su estatus militar, el que aceptó voluntariamente la agente al unirse al cuerpo, situándola en una posición particular dentro de la gestión del personal, en comparación con la mayoría de los agentes.
“Es oportuno recordar que la atribución de una facultad legal no dispensa al órgano, en el caso; -la Prefectura Naval Argentina-, de motivar la decisión con base en la aplicación del principio del debido proceso, el interés Superior del Niño y con una mirada de perspectiva de género”, destacaron los jueces.
Los camaristas coincidieron en que “estando en tela de juicio la salud de un menor, derecho cuya protección se persigue en la presente causa, constituye un valor primordial de nuestro ordenamiento jurídico que posee expresamente jerarquía constitucional en virtud del art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, con la incorporación de los Tratados Internacionales, acorde al principio del Interés Superior del Niño”.
“También es oportuno resaltar, que la actora debe afrontar los gastos de alquiler en la cuidad de destino, independientemente de la ayuda que la fuerza pueda brindarle, ya que la agente se encuentra a cargo de la asistencia de sus tres hijos, siendo ella el único sostén económico de la familia”, remarcó el fallo.
“En ese orden de ideas y en pos de salvaguardar y garantizar derechos esenciales, acorde al principio del Interés Superior del Niño (art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño), considero que debe priorizarse la salud emocional de la menor, el contexto y la contención familiar, por encima de una decisión que puede ser revisada por la Administración, a fin de no vulnerar derechos como los puestos a estudio”, concluyó la sentencia.