Se presentó en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para la creación del “Fuero de la Salud” que busca modificar el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia con el fin de establecer Juzgados especializados en la materia.
La iniciativa fue presentada por la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Salud (AIDAS) a través de su Cátedra Libre en la Universidad Nacional de La Plata, con el objetivo de dar “una resolución rápida y efectiva de los conflictos en el ámbito de la salud, mejorando así el acceso a la justicia de los pacientes”.
El proyecto remarcó que "los litigios en el ámbito de la salud involucran cuestiones técnicas y científicas que requieren un entendimiento profundo de la medicina, bioética, economía de salud, psicología, entre otros. La capacitación ayudará a los jueces a mediar mejor entre las partes involucradas, promoviendo soluciones más equitativas, evitando el colapso del sistema judicial por exceso de litigios”.
Según se desprende del proyecto, estos juzgados serán sólo de primera instancia y tendrán competencia para conocer y resolver los casos relacionados con la negativa injustificada de servicios de salud, así como para intervenir cuando esté en peligro la integridad física o psíquica de los pacientes.
Se encargarán de mediar en los conflictos entre pacientes y diversos actores del sistema de salud, como centros de atención, prestadores, prepagas, obras sociales, mutuales, y también con la industria farmacéutica, laboratorios y farmacias, entre otros.
Finalmente, los juzgados de salud podrán intervendrán en situaciones de denegación, demora u obstáculos injustificados que impidan a los pacientes ejercer su autonomía y otros derechos personales protegidos por la Ley 26.529, su reglamentación, el Código Civil y Comercial de la Nación, y las normativas internacionales en materia de derechos humanos.
“Sabemos que el sistema de salud está fragmentado y se conforma de tres subsectores: público, privado y de obra social, que debido a la organización federal de gobierno, conviven en la provincia con los subsistemas nacionales. Es decir, podemos hablar de un subsistema público nacional o provincial, uno de obras sociales nacionales o provinciales y de prepagas nacionales o provinciales”, sostiene el texto en sus argumentos.
“En el plano provincial, tanto a nivel constitucional como legislativo, la salud como derecho cuenta con una robusta protección. En efecto, la Constitución Provincial reformada supera en muchos aspectos la protección que brinda la Constitución Nacional a la salud, especialmente en su artículo 36, que garantiza este derecho como autónomo”.
“La alta judicialización en materia de salud es multicausal: la falta de actualización del Programa Médico Obligatorio (PMO), que no refleja los avances médicos y tecnológicos; el desfinanciamiento del sistema o falta de recursos que brinden adecuada cobertura; y la demanda de tratamientos innovadores o medicamentos de altos costos no incluidos en la normativa vigente”, se agregó al respecto.
“En la provincia de Buenos Aires existe un número muy alto de amparos y medidas autosatisfactivas. Es importante destacar que todos los jueces, cualquiera sea el fuero, dictan medidas sin considerar la especificidad de la materia y sus implicancias, tanto personales como económicas”.
El proyecto remarcó que "los litigios en el ámbito de la salud involucran cuestiones técnicas y científicas que requieren un entendimiento profundo de la medicina, bioética, economía de salud, psicología, entre otros. La capacitación ayudará a los jueces a mediar mejor entre las partes involucradas, promoviendo soluciones más equitativas, evitando el colapso del sistema judicial por exceso de litigios”.
“Los jueces, sin esta formación técnica, tendrían dificultades para evaluar adecuadamente las pruebas y argumentos presentados y dictar sentencias acordes”, concluyó el texto.