El Gobierno porteño presentó en la Legislatura local un proyecto de Código Procesal para la Justicia del Trabajo y así avanzar con el traspaso del fuero a la Ciudad.
El texto, firmado por el jefe de Gobierno Jorge Macri, establece la competencia de este fuero "en todas las cuestiones contenciosas de conflictos individuales de derecho del trabajo, por demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas, o disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo; y las causas entre trabajadores y empleadores relativas a un contrato de trabajo, aunque se funden en disposiciones del derecho común aplicables a aquél, cuando la celebración y/o la ejecución del contrato tuviera lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o el demandado tuviese en ella su domicilio".
"La competencia también comprenderá a las causas que persigan sólo la declaración de un derecho, en los términos del artículo 322 primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", agrega y suma casos especiales, tales como el trámite para la regulación de honorarios judiciales y extrajudiciales o la revisión de las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales con asiento en la Ciudad.
Desde el GCBA afirman que la medida busca reducir “el tiempo y del costo del litigio laboral”, junto con la implementación de herramientas tecnológicas como, por ejemplo, el expediente judicial electrónico, las audiencias virtuales y las presentaciones y notificaciones electrónicas.
Entre los puntos más sobresalientes, el Código "no admite la recusación sin expresión de causa y admite la recusación maliciosa", y propone el impulso de oficio a cargo del juez, a excepción de la prueba informativa y la notificación de los testigos que se encontrará a cargo de las partes. También impulsa la implementación de un sistema de notificaciones por medios electrónicos dentro del proceso para todo tipo de resoluciones.
Los intentos de traspaso no son nuevos. Durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri se ensayó una iniciativa para el traspaso a la órbita porteña de todas las competencias nacionales pendientes –penal, civil, comercial y laboral-, la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble.
Asimismo, el proyecto aborda las medidas cautelares genéricas, junto con un capítulo dedicado a las medidas preparatorias y pruebas anticipadas. También se proponen procedimientos abreviados y digitalidad plena y videograbada de las audiencias.
Por último, el texto establece que “las causas iniciadas en jurisdicción del fuero nacional con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la Justicia del Trabajo de la Ciudad, que por su competencia material y territorial pudiesen corresponder a ésta, continuarán en aquel fuero nacional hasta su finalización y archivo, aplicándose a ellas la normativa procesal nacional vigente hasta ese momento”.
“Esta previsión evitará que, una vez puesta en funcionamiento la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Justicia Nacional del Trabajo se desprenda de aquellas causas cuyas pautas territoriales coincidan con las previstas en el Código que se propicia, con los consiguientes conflictos de competencia que ciertamente afectarán la respuesta jurisdiccional a los/as trabajadores/as”, indica la iniciativa.
Primeros pasos en la Legislatura
Tras el ingreso del proyecto, las Comisiones de Justicia, de Asuntos Constitucionales y de Legislación del Trabajo recibieron al ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, quien detalló que el objetivo "es lograr el mejor proyecto que se pueda para retomar la transferencia de la competencia en el fuero laboral".
“A 30 años de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, aún sigue pendiente el traspaso de muchas competencias para el ejercicio pleno de esa autonomía", dijo Tapia durante la reunión.
Con el nuevo proyecto sobre la mesa, la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia (AMFJN) volvió a señalar las “consecuencias disvaliosas que en la práctica generaría un traspaso compulsivo", al tiempo que advirtió: “Este tipo de iniciativas suponen un riesgo para la independencia del Poder Judicial y que, lejos de tender a mejorar el servicio de administración de justicia, contribuyen a su detrimento, por lo cual instamos a que se consideren seriamente las implicancias de esta clase de propuestas y, que en cambio, se promuevan soluciones que colaboren con la estabilidad institucional en beneficio de la sociedad”.
Entre otras cuestiones, el funcionario porteño sostuvo que “la resolución de un conflicto laboral, en la justicia nacional, conlleva entre cinco y ocho años de duración", y que la iniciativa disminuirá esos plazos.
Traspaso: polémica y rechazo
Los intentos de traspaso no son nuevos. Durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri se ensayó una iniciativa para el traspaso a la órbita porteña de todas las competencias nacionales pendientes –penal, civil, comercial y laboral-, la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble. En este sentido, Macri y el exjefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron convenios de transferencia de funciones de los tribunales porteños, pero debían ser ratificados por los respectivos recintos legislativos, sin embargo, nada pasó.
La propuesta se retomó recientemente en el “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Esta iniciativa instituía al Poder Ejecutivo a "impulsar todos los actos y suscribir los Acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la Justicia Nacional a la Ciudad en un plazo máximo de tres años”.
Frente a este último intento, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo expresó su preocupación y reiteró su postura, argumentando que la transferencia "no podría habilitarse constitucionalmente a través de decisiones adoptadas por el Congreso Nacional -sin una previa reforma de la Constitución Nacional-, menos aún podría justificarse la delegación de todas las facultades al respecto, en favor del Poder Ejecutivo Nacional".
Con el nuevo proyecto sobre la mesa, la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia (AMFJN) volvió a señalar las “consecuencias disvaliosas que en la práctica generaría un traspaso compulsivo", al tiempo que advirtió: “Este tipo de iniciativas suponen un riesgo para la independencia del Poder Judicial y que, lejos de tender a mejorar el servicio de administración de justicia, contribuyen a su detrimento, por lo cual instamos a que se consideren seriamente las implicancias de esta clase de propuestas y, que en cambio, se promuevan soluciones que colaboren con la estabilidad institucional en beneficio de la sociedad”.
A esta postura se sumó la Lista Bordó -que preside la AMJN- y también rechazó la "renovada" iniciativa de traspaso, la que calificó de "vaciamiento". "Desaprobamos las ideas expresadas por altos funcionarios de la Ciudad, que pretenden instalar la idea de que una justicia local rápida y que atienda a las necesidades de la empresa, es lo que la sociedad necesita, olvidándose siquiera de mencionar al sujeto de preferente tutela: el trabajador", dijo la agrupación en un comunicado.
Y, además, resaltó: "Creada hace casi 80 años, la Justicia Nacional del Trabajo ha resistido diferentes embates y se ha mantenido en pie, con firma base en los principios del derecho del trabajo que el legislador ha querido consagrar en el texto de la Ley de Contrato de Trabajo, los que indican el modo, la forma y la manera en que la ley debe interpretarse y aplicarse".