La decisión de la Corte Suprema de Justicia en la causa "Levinas" fue un cimbronazo para la Justicia Nacional y generó diversas reacciones. Rápidamente, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, junto a los presidentes de las Cámaras Nacionales de Casación y de Apelaciones, los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, de los Tribunales Orales Nacionales y de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional se reunieron para ratificar su posición contra el traspaso.
Es que antes de cerrar el 2024, la Corte estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta competente para revisar causas que tramitan ante la justicia nacional ordinaria. Todo ello en el marco de la disputa judicial entre los herederos del artista León Ferrari y el periodista Gabriel Levinas.
La sentencia completa apareció este viernes publicada en el Boletín Oficial -sección “Legislación y Avisos Oficiales”-, y por aplicación de esta doctrina ya se enviaron varias causas similares al Tribunal Superior porteño. A pesar de todo, el fallo fue rechazado por la mayoría de los judiciales, quienes afirmaron que "no existe base legal para atribuir al TSJ de la Ciudad la potestad de revisar una sentencia dictada por las Cámaras Nacionales de Casación y de Apelaciones".
"Una vía recursiva ante un tribunal local contra las decisiones dictadas por jueces que integran la justicia nacional modifica la estructura del Poder Judicial de la Nación", señala el comunicado oficial, al tiempo que agrega que los Ministerio Públicos también se ven afectados por la "falta de cumplimiento de los resguardos constitucionales y funcionales" y "por la inhabilitación normativa para litigar en otra jurisdicción".
Por su parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación hizo hincapié en la posible “afectación de los principios de inamovilidad y estabilidad” de los fiscales y solicitó a las autoridades “prudencia especial al momento de adjudicar y aplicar los efectos colaterales de la sentencia” para evitar cualquier riesgo de injerencia indebida".
Esta postura fue reafirmada por el gremio liderado por Julio Piumato que, en otro comunicado, manifestó que el fallo "vulnera el federalismo consagrado por nuestra Carta Magna, pretendiendo además someter las decisiones de las Cámaras Nacionales de Casación y de Apelaciones a un tribunal local: El Superior Tribunal de Justicia de la CABA".
Por su parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación hizo hincapié en la posible “afectación de los principios de inamovilidad y estabilidad” de los fiscales y solicitó a las autoridades “prudencia especial al momento de adjudicar y aplicar los efectos colaterales de la sentencia” para evitar cualquier riesgo de injerencia indebida".
Pero no todas fueron voces en contra. Sin entrar en la discusión de fondo, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires pidió a las autoridades nacionales y de la Ciudad que arbitren las medidas para iniciar en febrero 2025 la actividad jurisdiccional y profesional de forma ordenada. "Las Cámaras Nacionales de Apelación y la de Casación deben leal acatamiento a la doctrina expuesta por la Corte. Se espera de ellas una conducta ejemplar que facilite la instrumentación de las medidas necesarias a tal fin", expresaron desde la entidad ante la posible "rebelión" de los camaristas nacionales quienes podrían declarar inaplicable el fallo y neutralizar la decisión del Máximo Tribunal.
Es que la implementación práctica de la sentencia presenta diversas dificultades y exigirá urgentes acomodamientos, ya que el propio STJ porteño aumentará su trabajo de forma exponencial y deberá cambiar su estructura para procesar el caudal de causas que llegarán de todos los fueros nacionales.
Asimismo, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, aseguró que el reciente fallo "tiene una importancia extraordinaria para el ejercicio de la abogacía en el ámbito de la Capital Federal” y que "la decisión tiene que ser lealmente acatada por los tribunales, y esto conduce a que los abogados y abogadas tengamos que estar muy atentos”.
“A partir de este momento toda sentencia de una cámara nacional, solo puede ser apelada, a través del recurso de inconstitucionalidad de la ley 402, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires”, subrayó el titular del Colegio Público, quien también planteó la necesidad de crear una mesa de trabajo con todos los actores.
Es que la implementación práctica de la sentencia presenta diversas dificultades y exigirá urgentes acomodamientos, ya que el propio STJ porteño aumentará su trabajo de forma exponencial y deberá cambiar su estructura para procesar el caudal de causas que llegarán de todos los fueros nacionales. Además, se presentan interrogantes vinculados a la diferencia entre los sistemas de gestión de causas Lex 100 y EJE, como también sobre el uso de reglas procesales en el trámite de los expedientes, la falta de presupuesto y de recursos humanos, entre otras cuestiones.