El reciente fallo "Levinas" de la Corte Suprema de Justicia representa un paso importante en el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires pero también genera incertidumbre y dudas respecto a su efectiva implementación.
Las voces a favor y en contra se siguen sumando. El pronunciamiento más reciente al respecto proviene desde el Colegio de Abogados de Buenos Aires ( comunmente llamada “Colegio de la calle Montevideo”), que resaltó la necesidad de que los gobiernos -tanto nacional como porteño- y los poderes judiciales adopten medidas urgentes para su implementación antes de febrero próximo. Es que el Máximo Tribunal ya comenzó a girar otras causas, lo que "podría provocar un aumento exponencial de conflictos y demoras en los procesos judiciales, llevando al sistema al borde del colapso", según el comunicado del Colegio.
Aún no se han conocido iniciativas al respecto, mientras que el Tribunal Superior de Justicia porteño tampoco ha hecho público si tiene bajo análisis el estudio de medidas urgentes encaminadas a adaptar los reglamentos y su estructura para cuando la actividad jurisdiccional vuelva a la normalidad, es decir, después de la feria judicial.
A esta situación se suma la postura -casi unánime- por parte de los magistrados nacionales y el gremio, quienes rechazaron el fallo.
Por ello, la entidad, liderada por Alberto F. Garay, sugirió que la Corte Suprema establezca un "plazo razonable para que las instituciones adopten mecanismos que faciliten eficazmente la implementación de la doctrina en los tribunales".
A esta situación se suma la postura -casi unánime- por parte de los magistrados nacionales y el gremio, quienes rechazaron el fallo. Algunos jueces ya barajan la posibilidad de no acatar la decisión del Máximo Tribunal, lo que derivaría en graves demoras en el trámite de las causas.
En una entrevista radial del programa "Gente de Derecho", el camarista civil Roberto Parrilli criticó la sentencia "Levinas" y afirmó: “Yo como juez siempre he seguido los lineamientos de la Corte, dentro de lo razonable. Pero el principio de separación de poderes impide a los jueces asumir funciones privativas de otros poderes del Estado”.
"La autoridad de los fallos de la Corte supone que las decisiones se mantengan dentro de los limites de su competencia, sino mañana se levantan como ahora y deciden sacar una ley. Para acatar esto hay que estudiar un poquito y no se puede acatar tan fácilmente", dijo y añadió: "Técnicamente esta mal".
Esta no es la primera vez que sucede algo similar. Años atrás, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dictó el fallo plenario "Obarrio, María Pia vs. Microómnibus Norte S.A.", con un criterio diferente al de la Corte Suprema de Justicia vinculado a la oponibilidad de la franquicia en el seguro de transporte público de pasajeros. Esta situación generó largas demoras en los expedientes, que finalmente terminaban en el Máximo Tribunal.
Junto a esta iniciativa, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, presidido por Ricardo Gil Lavedra, también planteó su preocupación sobre la implementación y acatamiento de la sentencia, por lo que pidió la composición urgente de una mesa de trabajo con los actores involucrados. Desde el CPACF asimismo plantearon interrogantes vinculados a la diferencia entre los sistemas de gestión de causas Lex 100 y EJE, como también sobre el uso de reglas procesales en el trámite de los expedientes, la falta de presupuesto y de recursos humanos, entre otras cuestiones.