El Senado de la Nación sesionará el próximo 3 de abril para tratar los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, quienes fueron propuestos para integrar la Corte Suprema de Justicia por el presidente Javier Milei.
La decisión fue oficializada por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien fijó la fecha luego de que el interbloque peronista solicitara una sesión especial para tratar los pliegos.
En la última reunión, la Comisión de Acuerdos del Senado emitió el dictamen del pliego de Manuel García-Mansilla. A diferencia de Ariel Lijo, el pliego del nuevo juez de la Corte nunca había obtenido el dictamen necesario.
Los pliegos de García-Mansilla y Lijo ya cuentan con dictamen y están en condiciones de ser votados en el recinto. El caso de García-Mansilla es particular, ya que asumió su cargo en la Corte Suprema en febrero, tras haber sido designado por decreto junto con Lijo.
En la última reunión, la Comisión de Acuerdos del Senado emitió el dictamen del pliego de Manuel García-Mansilla. A diferencia de Ariel Lijo, el pliego del nuevo juez de la Corte nunca había obtenido el dictamen necesario.
El pasado 27 de febrero, García-Mansilla juró como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Tribunales en un acto en el que estuvieron presentes el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio y los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. También asistieron los secretarios de Corte y secretarios letrados del tribunal.
Para tomar esta decisión, el Máximo Tribunal consideró que se encontraban “cumplidas todas las formalidades correspondientes”, luego de la oficialización del Decreto 137/2025 con el nombramiento de Ariel Lijo y García-Mansilla para cubrir las vacantes de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
Durante su presentación ante la Comisión de Acuerdos del Senado, el pasado 28 de agosto, el ahora flamante ministro de la Corte había afirmado que no aceptaría una designación bajo esos términos para ocupar una silla del máximo tribunal.
"Como le aclaré, visto el impacto que tuvo el decreto 83/2015 en la opinión pública, yo no hubiese aceptado una nominación en comisión. Porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de población que con buenas razones resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente", dijo en aquella ocasión.