Diario Judicial
25 de Marzo de 2025
Edición 7178 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 26/03/2025
Desafíos y avances en las legislaciones de América Latina

Protección legal para trabajadores del sexo

El trabajo sexual ha sido un tema controversial a lo largo de la historia, y su regulación varía ampliamente en distintos países del mundo. En América Latina, la legislación sobre el trabajo sexual se encuentra en un espectro que va desde la criminalización absoluta hasta la regulación parcial.

Protección legal para trabajadores del sexo
(Pixabay)

La falta de un marco legal claro y efectivo deja a los trabajadores del sexo en una situación de vulnerabilidad, expuestos a la violencia, la explotación y la falta de acceso a derechos básicos.

En ciudades como Córdoba, donde muchas personas ejercen como escorts, la ausencia de regulaciones adecuadas puede generar riesgos tanto para los trabajadores como para sus clientes. Es fundamental analizar los desafíos que enfrentan estos trabajadores y los avances legislativos que han buscado mejorar sus condiciones.

Modelos legales en América Latina. 

Las legislaciones sobre el trabajo sexual en América Latina se pueden agrupar en tres modelos principales: criminalización, despenalización y regulación. En países como El Salvador y Nicaragua, el trabajo sexual es completamente ilegal, lo que lleva a la persecución de quienes lo ejercen. En otros, como Argentina y Brasil, la actividad no es considerada un delito, pero la falta de regulación deja a los trabajadores sin protecciones legales claras. 
 

Los trabajadores del sexo enfrentan numerosos desafíos, especialmente en los países donde su actividad no está regulada o es criminalizada. La violencia policial y la estigmatización social son problemas recurrentes, al igual que la falta de acceso a servicios de salud, justicia y protección laboral.


Por otro lado, en Uruguay se ha implementado un sistema de regulación que permite el registro y acceso a beneficios sociales, aunque con restricciones. La falta de armonización en estas leyes genera una situación de incertidumbre y desigualdad para quienes ejercen esta labor. 
 

Desafíos y vulnerabilidades de los trabajadores del sexo. 

Los trabajadores del sexo enfrentan numerosos desafíos, especialmente en los países donde su actividad no está regulada o es criminalizada. La violencia policial y la estigmatización social son problemas recurrentes, al igual que la falta de acceso a servicios de salud, justicia y protección laboral.

Además, en muchos casos se ven obligados a trabajar en condiciones precarias, expuestos a la explotación y sin posibilidades de recurrir a las autoridades en caso de abuso. La discriminación también limita su acceso a otros tipos de empleo y oportunidades económicas, perpetuando un círculo de exclusión social.


Avances legislativos y experiencias exitosas.

A pesar de los desafíos, algunos países han dado pasos significativos hacia el reconocimiento de los derechos de los trabajadores del sexo. Uruguay es un ejemplo de cómo una legislación reguladora puede mejorar las condiciones de trabajo y reducir la explotación. En Argentina, existen movimientos que buscan la sindicalización y el reconocimiento de derechos laborales para estos trabajadores. Además, en algunas ciudades de Brasil se han implementado programas de salud y prevención de violencia específicos para esta población. Estas iniciativas demuestran que es posible avanzar hacia un modelo que garantice mayor seguridad y dignidad para quienes ejercen esta actividad.

Conclusión. 

La protección legal de los trabajadores del sexo sigue siendo un desafío en América Latina, donde las leyes varían considerablemente y en muchos casos perpetúan su vulnerabilidad. Sin embargo, hay avances y experiencias exitosas que demuestran que una regulación adecuada puede mejorar sus condiciones de vida y trabajo.

En ciudades como Bogotá, donde el trabajo de escorts es una realidad, la falta de normativas claras puede derivar en riesgos tanto para quienes ejercen esta actividad como para sus clientes. Es fundamental seguir promoviendo el debate y la implementación de políticas públicas que garanticen sus derechos, permitiendo así una mayor protección e inclusión social. A futuro, la discusión deberá centrarse en cómo generar un equilibrio entre la seguridad, los derechos humanos y las necesidades de regulación para proteger a quienes ejercen esta actividad.


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