En una resolución de ocho carillas que este diario publica íntegro, los jueces Horacio Vigliani, Horacio Cattani y Martín Irurzun (los dos de la Sala II, que firmaron en particular) concluyeron que “se ha puesto en tela de juicio, seriamente, la posibilidad de que haya mediado un pago al imputado (Carlos) Telleldín, por orden del Dr. Galeano”.
Para llegar a esta conclusión, los camaristas tomaron en cuenta fundamentalmente las declaraciones del ex jefe de la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Hugo Anzorreguy, y dos espías de alto rango, Alejandro Brousson y Patricio Pfinnen, en el juicio oral a la supuesta “conexión local” del atentado.
Los jueces explican que estos testigos fueron “contestes” (coincidentes) a la hora de señalar que el juez Galeano pidió el dinero para pagarle a Telleldín y dar detalles sobre cómo y quiénes efectuaron el pago.
“Los testimonios citados -que ya no provienen de un imputado, que como tal no se encuentra obligado a pronunciarse con veracidad, ni tampoco corresponden a personas de su entorno- llevan a cuestionar la negación del episodio del que se trata”, dicen los camaristas, al recordar que en su momento, al declarar en la comisión bicameral de seguimiento del atentado, el juez Galeano dijo que no sabía nada del pago.
Así, Irurzun, Cattani y Luraschi le otorgaron especial importancia a lo que se clarificó en el juicio respecto al pago, luego que los agentes de la SIDE fueran autorizados por el presidente Néstor Kirchner a revelar secretos de Estado vinculados a la investigación.
En esa línea, los jueces valoraron que la revelación en torno al pago puede cambiar la situación de Galeano en la causa que instruye el juez Claudio Bonadío, donde se investigan esa y otras irregularidades lo cual condicionaría el accionar del titular del Juzgado Federal 9.
“El desarrollo de la causa nro. 9789/00 (la de Bonadío) y la consiguiente imputación que se efectúa al magistrado puede condicionar la investigación del atentado, en cuanto existe la posibilidad de que el resultado de ésta última sea utilizada como medio de defensa en la primera.”
“Todas estas constancias conforman un cuadro suficiente como para tener configurado, a la fecha, el temor de parcialidad del juez instructor”, remarcaron.
En octubre pasado, luego de las declaraciones de agentes de la SIDE, el abogado de Memoria Activa Pablo Jacoby recusó al juez y sus secretarios por “violar el artículo 55 del Código Procesal Penal” al manifestar interés especial en el proceso y “dar consejos o manifestar extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los interesados”.
Ahora, la causa judicial quedó en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien adelantó que intentará “encarrilar” el expediente luego de “leer la causa”, que tiene más de 100.000 fojas distribuidas en más de 500 cuerpos.