La escueta sentencia estableció que “los argumentos expresados en el recurso extraordinario y mantenidos en esta presentación directa podrían, prima facie, involucrar cuestiones de orden federal”.
Por esa razón resolvieron declarar procedente el recurso de queja y disponer la suspensión de la inscripción del resultado de la subasta en el Registro de la Propiedad Inmueble. Sin embargo los jueces aclararon que ello no implica un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo del recurso.
Por otra parte, desde la Asociación de Deudores Argentinos (ADA) manifestaron no entender porqué es que la Corte no hace lo mismo en el caso de Mabel Marchisio –la mujer que se encadenó en el cuarto piso del Palacio de Tribunales porque le iban a ejecutar su vivienda-.
Igualmente mencionaron que en el caso de Marchisio –cuyo expediente en realidad está a nombre del hermano -“Marchisio, Ruben Oreste c/Warner, Pedro Juan s/ejecución hipotecaria”- es un poco más complicado, ya que se trata de un caso que ha quedado encuadrado dentro de la previsiones de la Ley 25.798 del año 2003, por la cual el Estado creó un fideicomiso para pagar a los acreedores de aquellos deudores hipotecarios de vivienda única.
Sin embargo, los acreedores de este fideicomiso tildaron a aquella ley de inconstitucional, porque así el Estado les devuelve el préstamo pero a la paridad de U$S1= $1 más el CVS ($1,2334), cuando entienden que ello no es justo, toda vez que ellos entregaron dólares estadounidenses.
En el caso de Mabel Marchisio, la vivienda ya fue subastada el 21 de octubre de este año, pero –según voceros de ADA- todavía la subasta no está firme porque el juez de la causa se niega a firmar la resolución.
Además, desde ADA puntualizaron que la Corte no quiere expedirse en estos casos particulares, como lo han hecho en otro tipo de ejecuciones hipotecarias porque entienden que involucran cuestiones de hecho y de derecho muy diferentes a las que han sido frenadas por el alto tribunal. Asimismo, han recibido información que da cuenta de que la Corte estaría esperando que el gobierno resuelva los casos comprendidos en la "ley de salvataje hipotecario".