Para convertirse en ley, el proyecto debe ser aprobado por la Cámara de Diputados, algo que, según fuentes consultadas, podría ocurrir la semana que viene.
Lo aprobado por la cámara alta, por 45 a favor y 16 en contra, es una serie de reformas al funcionamiento del cuerpo judicial encargado de la selección y acusación de los jueces. El punto más criticado, tanto por los partidos políticos opositores y organizaciones de abogados, jueces y de la sociedad civil, es la reducción de sus actuales 20 miembros a 13, en la cual todos los estamentos que conforman el Consejo ven reducida su participación, se eliminan las minorías políticas y el gobierno puede bloquear cualquier decisión.
De prosperar el proyecto en la Cámara de Diputados, el organismo judicial quedaría integrado por 6 legisladores nacionales (4 de la mayoría y dos de la minoría y se eliminarían las segundas minorías que forman parte del Consejo), 3 jueces (hoy son 4 y queda afuera el Presidente de la Corte Suprema), dos abogados (se reduce a la mitad su número actual), un académico (actualmente son dos) y un representantes del Poder Ejecutivo (este se mantiene).
De esta forma la mitad del cuerpo sería político, con una mayor incidencia del gobierno de turno que tendría cinco representantes (cuatro legisladores y el representante del Poder Ejecutivo), lo que haría que esté en condiciones de bloquear cualquier decisión, como expresaron algunos senadores este miércoles durante el debate.
La impulsora del proyecto es la senadora Cristina Fernández de Kirchner quien defendió la reducción al afirmar que “no solamente va a tornar menos burocrático a este organismo e implicará menores erogaciones para el Estado, sino que además también va a agilizarse su funcionamiento”.
Uno de los que capitaneó la oposición al proyecto fue el senador por el Partido Renovador de Salta, también consejero, Ricardo Gómez Diez quien afirmó que “este cambio en la integración del Consejo evidentemente tiene una intencionalidad política”.
En relación “a la representación directamente controlada por el gobierno”, señaló Gómez Diez, y agregó que “una cosa es tener cinco miembros en un cuerpo de veinte —dos senadores, dos diputados y un representante del Poder Ejecutivo—, cinco sobre veinte representan el 25 por ciento. Y otra cosa es tener cinco en un cuerpo de trece, ya que ello representa el 38,46 por ciento, casi el 39 por ciento”
Al análisis matemático de Gómez Diez, se sumó el senador radical y recientemente asumido consejero, Norberto Massoni: “Los miembros que representan a la mayoría, son cinco. El resto necesita negociar; no tienen posibilidad propia. Los dos tercios son nueve. El que manda es el que tiene cinco; el resto no tiene posibilidades”.
También durante el debate parlamentario se hizo referencia al artículo 114 de la Constitución Nacional. El mismo establece que “el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”.
Los defensores del proyecto afirman que el equilibrio es respetado ya que la mayoría política surge de la voluntad popular; mientras que los opositores afirman que es inconstitucional ya que la reforma no respeta el espíritu de la Carta Magna.
La propia justicia se opone a la reducción. Desde la FACA, el Colegio de Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados, la Cámara Civil, Poder Ciudadano, el CELS, FORES, Verdad y Justicia y otras asociaciones han criticado públicamente la iniciativa. Inclusive muchas de ellas expusieron sus opiniones en el Senado.
Con la media sanción aprobada por el Senado, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados. Allí el gobierno no tiene mayoría propia, como si ocurre en la cámara baja, por lo que algunos creen que al gobierno se le hará más ríspido el camino de la aprobación.
Sin embargo, según fuentes consultadas, el oficialismo intentará aprobarlo la semana que viene en las últimas sesiones extraordinarias.
Pedido de inconstitucionalidad
Este miércoles los presidentes del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Lucio Ibáñez, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Horacio Acebedo, y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Durrieu, presentaron en la J usticia en lo Contencioso Administrativo Federal una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el proyecto.
La presentación califica de “ilegítima y arbitraria” la conducta del Poder Legislativo que “pretende cercenar el equilibrio requerido por la Constitución Nacional para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación, mediante el dictado de un acto que amenaza la supervivencia misma del Consejo, alterando indefectiblemente su naturaleza, autonomía funcional e independencia del poder político de turno”.
Los colegios de abogados también pidieron que se respete la Constitución Nacional “en cualquier otra norma que se sancione en el futuro referida a la reglamentación del Consejo de la Magistratura de la Nación”.
El escrito todavía no fue asignado a ningún juzgado ya que fue presentado a las 13 horas de este jueves y no pudo ser sorteado. El mismo también pide la inconstitucionalidad de las actuales leyes que rigen el Consejo, la 24.937 y 24.939. Las otras modificaciones
Además, de la reducción de sus miembros, el proyecto prevé otras modificaciones.
Una de ellas es unificar las Comisión de Acusación y de Disciplina, hoy separadas. El proyecto también establece quiénes integran cada Comisión del Consejo. Así, la de Selección no tendría más representantes de los abogados.
El Jurado de Enjuiciamiento será ad hoc y también es achicado. Estará integrado por dos jueces, cuatro legisladores y un sólo abogado. No estaría más presidido por el vicepresidente de la Corte, no será permanente y se conformará ante cada juicio político y no podrá ser integrado más de una vez por la misma persona.