La designación de Fernández fue confirmada a DiarioJudicial.com por fuentes de la Cámara de Senadores. Sin embargo, todavía resta que la decisión sea convalidada por el presidente del cuerpo, Daniel Scioli, aunque esto es sólo un formalismo administrativo.
Con la llegada de Fernández se completa una fuerte renovación política del Consejo. El pasado 9 de diciembre dejaron el cuerpo los diputados Jorge Casanovas (PJ), María Leila Chaya (PJ) y Juan Jesús Minguez (UCR) y los senadores Carlos Prades (UCR) y Jorge Yoma (PJ), a quienes el 9 de diciembre se les venció el mandato como legisladores, condición necesaria para representar al Poder Legislativo en el Consejo.
En sus lugares asumieron Diana Conti y Carlos Kunkel, diputados del PJ, Federico Storani, diputado de la UCR y el senador de ese partido, Norberto Massoni. Todos ellos asumieron el 15 de diciembre cuando juraron como consejeros. Pero faltaba conocer el reemplazante de Yoma.
Fernández fue reelecto senador nacional por Santa Cruz en las elecciones legislativas del 23 de octubre. Escoltó en la lista del Frente para la Victoria a la hermana del Presidente de la Nación, Alicia Kirchner.
Recibido de abogado en 1985 en la Universidad Católica de Santa Fe, Fernández hizo su carrera política en Santa Cruz. Nació en Puerto Deseado. Fue asesor del Consejo Deliberante, de la Intendencia de Caleta Olivia y de la Municipalidad de Las Heras. En 1999 asumió como diputado nacional, banca a la que renunció en 2001 para asumir como senador nacional. En 1997 fue juez de Faltas de la ciudad de Caleta Olivia.
Con Fernández, Conti y Kunkel, el Gobierno suma leales al Consejo. Casanovas, de extracción duhaldista, y Chaya, partidaria de Carlos Menem, no comulgaban con el oficialismo.
Todo esto se da cuando el Gobierno intenta achicar el número de miembros del Consejo de 20 a 13. El miércoles el Senado le dio media sanción a la iniciativa que es resistida por la oposición, abogados, jueces y organizaciones no gubernamentales. Inclusive este jueves el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación de Abogados de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentaron ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal un acción declarativa pidiendo la inconstitucionalidad del proyecto.