La Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Procuración deberán evaluar la productividad de jueces, fiscales y defensores oficiales de la provincia de Buenos Aires, y de esa forma
medir la calidad y eficiencia de los órganos del Poder Judicial, si la Cámara de Diputados bonaerense finalmente sanciona el proyecto de ley que aprobó la semana pasado el Senado provincial. La iniciativa había sido enviada por el Poder Ejecutivo hace varios meses. Por el contexto en que se da, parece otro respuesta espasmódica a la crisis carcelaria que afecto a la Provincia durante varios días.
La iniciativa, que fue apoyada, en su momento, por el Colegio de Abogados de la Provincia, le otorga a la Corte la facultad de realizar un
control de gestión de los órganos que integran el Poder Judicial, a través de distintos indicadores que determina la ley. Para la evaluación, el máximo tribunal bonaerense
deberá tener en cuenta la carga de trabajo y los asuntos pendientes del juzgado, el personal con el que cuenta, y si cumple los plazos para dictar resoluciones en las causas que tiene en trámite.
El informe de gestión será remitido a cada órgano respectivo. Además de los resultados contendrá una comparación con el rendimiento promedio de los órganos similares de su departamento judicial. Si el informe de la evaluación es insatisfactorio, previo descargo del interesado, la Corte podrá
intimar al magistrado a que proponga una mejoría razonable de la gestión, la que será evaluada en el siguiente período. De mantenerse un desempeño deficiente, el máximo tribunal
podrá aplicar las sanciones disciplinarias que establezca la reglamentación de la ley.
Los resultados definitivos de los indicadores de gestión de cada órgano judicial serán públicos y se podrán consultar a través de la página web de la Suprema Corte de Justicia provincial. “Este requisito de la publicidad es un reclamo que se viene registrando desde diversas organizaciones no gubernamentales vinculadas a la cuestión judicial y que ha sido receptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura Nacional y de la ciudad de Buenos Aires como un claro compromiso del Poder Judicial de esas jurisdicciones con el cumplimiento del requisito republicano de publicidad de sus actos”, explicó el senador José Eseverri, del Frente para la Victoria.
Además, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales sostuvo que el proyecto pretende “fortalecer el sistema de control de gestión del Poder Judicial y Ministerio Público" y aclaró que tiene como intención "evitar demoras innecesarias en el tratamiento de las causas".
dju / dju
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