Las ONGs se unieron para respaldar a una juez

Una vez más, las ONGs vinculadas a la Justicia salieron a criticar un proceso de juicio político en el interior del país. Esta vez fue en Chaco, donde el Jury local decidió hacer lugar a un pedido de juicio político presentado por un abogado particular contra la juez Cynthia Mónica Graciela Lotero de Volman, quien se encuentra actualmente suspendida en sus funciones.

Las organizaciones integrantes del Foro “Una Corte para la Democracia” le enviaron una carta al titular del Jurado de Enjuiciamiento de Chaco, Ricardo Franco, en la que expresan su “preocupación” por las denuncias de una supuesta afectación de la independencia judicial en la provincia, en un contexto de críticas severas sobre la legitimidad del proceso.

“La independencia judicial es uno de los principios básicos para la consolidación de las instituciones democráticas y un componente esencial del Estado de Derecho, y por ello debe ser garantizada desde todas las instancias estatales. Las medidas que estén sospechadas de afectar la independencia pueden debilitar la función institucional del poder judicial en la vigencia de los derechos humanos y el control a los otros poderes, poniendo en peligro el normal funcionamiento del sistema democrático”, dice el mensaje que firman representantes de la ADC, el CELS, el INECIP, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Poder Ciudadano y la Unión de Usuarios y Consumidores.

En la carta, la ONGs advierten también que van a llevar a cabo un atento monitoreo del desarrollo del juicio político, “a fin de verificar que cumpla con todas las garantías del debido proceso, incluyendo la participación de un juez imparcial, la separación entre el acusador y el juzgador y la defensa en juicio”. “El proceso debe llevarse a cabo en un plazo razonable, especialmente considerando que la jueza está hoy suspendida en su cargo”, advirtieron los firmantes.

Según fuentes judiciales de esa provincia, la jueza venía sufriendo una campaña de desprestigio por parte del gobierno local hace más de dos años. “Es una jueza que no le escapa al bulto, de hecho sacó varios fallos que perjudicaban los intereses del gobierno”, dijo alguien cercano a la magistrada.

A medidos del año pasado, el juez del Tribunal Superior de Chaco, Eduardo Omar Molina, renunció a su cargo tras varios meses de enfrentamiento con el resto de los integrantes del tribunal y en medio de un juicio político en su contra, que había presentado un magistrado provincial. Entre otras cosas lo acusaban de utilizar un agente de la administración pública en provecho propio. Sin embargo, muchos dijeron que se debía al enfrentamiento que mantenía con el Poder Ejecutivo local que se acentuó a comienzos de 2006, cuando inició una investigación sobre la brutal represión policial en la localidad de Vilelas contra un grupo de familias que habían usurpado varias casas por estrenar.

Ese hecho ocurrió el 5 de enero del año pasado y tomó repercusión a nivel nacional. El trabajo posterior de Molina, que ponía en peligro a varios funcionarios, finalmente fue anulado por el STJ.



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